María Amparo Cruz-Saco
Juan Mendoza
Bruno Seminario
Nuestro sistema previsional es un fracaso. Tres de cada cuatro personas no
reciben pensión. La pensión promedio, como fracción del ingreso, es 40% en el
sistema privado y menos del 30% en el público. Las comisiones son tan elevadas
que la rentabilidad de las administradoras privadas de pensiones (AFPs) es más
de cuatro veces la de los fondos que administran desde el 2000. Y, decenas de
miles de aportantes a la ONP jamás reciben pensión alguna.
Hay dos errores estructurales en el diseño del sistema previsional. El
primer error es la pretensión de financiar las pensiones con impuestos a la
planilla en un país en que más de dos tercios del empleo es informal. Además,
muchos trabajadores transitan regularmente entre la formalidad y la
informalidad lo que los hace cotizantes eventuales. Por ejemplo, los cotizantes
de las AFPs son menos de la mitad de los afiliados. Peor aún, al ahondar las
distorsiones en el mercado laboral, el esquema contributivo actual constituye
un obstáculo fundamental a la formalización laboral.
El segundo error es el ahorro forzoso sin evidencia que respalde la
hipótesis que las personas no ahorran para su vejez. Hemos diseñado un sistema
copiando la idea que hay que obligar a los trabajadores a hacer lo que es bueno
para ellos. Si forzamos a las personas a ahorrar ¿por qué no forzamos a las
empresas a invertir? Asimismo, el economista estadounidense Ehrlich presenta
evidencia que el ahorro forzoso en Europa ha contribuido a la desintegración de
la familia al reducir la fertilidad y los matrimonios, y aumentar los
divorcios.
A estos dos errores fundamentales se une una regulación asfixiante que
ahoga la iniciativa y la competencia entre las AFPs. Ejemplo prístino es el
intento de reducir las comisiones a través de la subasta de los nuevos
afiliados, como si los trabajadores fuésemos “encomendados”.
Sugerimos una reforma sobre la base de dos elementos esenciales. En primer
lugar, proponemos la creación de una pensión universal no contributiva para todas
las personas de más de 65 años, financiada con los impuestos del gobierno
central. Las razones de la pensión universal son garantizar un mínimo nivel de
ingresos para los adultos mayores y la ausencia de un mercado de anualidades
desarrollado. En segundo lugar, proponemos la eliminación de los aportes
obligatorios que hoy gravan las planillas formales. Bajo supuestos
conservadores, podríamos pagar una pensión universal de alrededor de 200 soles
mensuales sin que haya efecto negativo, en neto, sobre las cuentas fiscales. En
particular, los aumentos en la base tributaria debido a la eliminación de los
aportes forzosos y de Pensión 65, como programa de inclusión social,
permitirían financiar la pensión universal. Los detalles del cálculo están aquí.
Como consecuencia de la reforma, las personas tendrán la libertad de elegir
dónde y cómo ahorrar, y los mercados financieros responderán. Esta reforma no supone
la disolución de las AFPs o de las cuentas individuales. Las AFPs continuarán
administrando los fondos acumulados a la fecha y los nuevos aportes que las
personas elijan realizar. Eso sí, proponemos que las personas tengan la
libertad de utilizar sus aportes como garantía en la adquisición de inmuebles o
para la obtención de préstamos. Se respetarían las obligaciones adquiridas por
la ONP pero no se recibirían nuevos aportes.
El Comercio, 12 de setiembre de 2014.
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