(Diario Uno, 12/12/2014, p.10)
El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, por mayoría de votos, la declaratoria de interés del Viaducto La Molina-Angamos a mediados de noviembre. Este proyecto propuesto por una empresa española tendría una extensión de 12.2 Km. y estaría valorado en US$ 521 millones. En positivo afirman que se reducirían los tiempos de traslado entre La Molina y Miraflores de 2 horas a 30 minutos, con menor consumo de combustibles y emisiones al ambiente. Sin embargo, este al igual que el proyecto Vía Expresa Javier Prado-Faucett estarían violando el inciso once del artículo segundo de la Constitución Política del Perú relativo al derecho de transitar libremente por el territorio nacional.
Ambos proyectos son las opciones para recorrer de manera directa del este al oeste desde el centro y sur de la Ciudad de Lima. No existen otras alternativas, de forma tal que el ciudadano que no estuviera dispuesto a pagar por los peajes respectivos sufriría sobrecostos significativos en tiempos y combustibles, en adición a las externalidades que afectarían a todos. Asimismo, las propuestas se enfrentan con los proyectos de desarrollo de dos líneas del Metro. Desafortunadamente, el transporte público seguiría relegado respecto del particular, olvidando que el primero reduce más los tiempos de transporte y las emisiones al ambiente.
Nadie se opone a la mejora de las vialidades de la Ciudad de Lima, pero llama la atención que estas iniciativas partan desde el sector privado y no como resultado de una evaluación de necesidades y reducción de brechas realizadas desde el gobierno central o local. Habría que preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son los problemas por resolver o las necesidades por atender?, ¿es prioritario el transporte privado sobre el público?, ¿estas opciones son las mejores alternativas técnicas posibles?, ¿dónde están los resultados de la evaluación de ejecutar la inversión como privada respecto de hacerla como pública?, ¿es la opción seleccionada la menos costosa para la sociedad y los estratos de menores ingresos?
Todos estos proyectos viales urbanos que implican peajes para sus usuarios no sólo vulneran el derecho a libre tránsito, sino que generan una redistribución de beneficios a favor de los estratos medios y altos, afectan la economía popular, aumentan la marginación y segmentación social al no poder ser utilizados por todos. Si estos ejes viales fueran una alternativa a otra infraestructura de libre acceso no onerosa otra podría ser nuestra opinión. La privatización de vialidades públicas sin opción técnica razonable es inaceptable y nos conduce varios siglos atrás en la historia (al medioevo) cuando un ciudadano debía pagar por cruzar un puente o utilizar otra infraestructura. Hay que avanzar en lugar de retroceder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario