(Diario Uno, 26/12/2015, p.9)
Este mes se celebran 50 años de la aprobación de la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II. Gozo y Esperanza es su nombre en español. Es un documento vigente con relación a diversos temas; en particular se quiere destacar su aporte a la doctrina social de la Iglesia. Este es pertinente tanto a nivel universal como para el Perú donde muchos de sus textos en materia económica-social serían un acicate a las concepciones neoliberales hegemónicas vigentes a partir de denominado Consenso de Lima. La carta tiene tres partes: proemio, la iglesia y la vocación del hombre, y algunos problemas donde se incluye el tema que nos interesa destacar.
De partida se destacan las virtudes del progreso tecnológico que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, relieva que hay motivos de inquietud con relación a las enormes diferencias económicas, las desigualdades sociales y regionales. Por tanto, se requieren muchas reformas en la vida económico social, un cambio de mentalidad y de costumbres en todos (63). Se señala que la finalidad del incremento de la producción no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio al hombre integral. El desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre, no de unos pocos o de grupos económicamente poderosos, sino del mayor número posible de hombres y del conjunto de naciones (65). No se puede estar sujeto exclusivamente a la acción económica individual, ni a la sola decisión de la autoridad pública. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para reducir esas enormes diferencias (66).
La sección sobre el trabajo es verdaderamente aleccionadora para nuestro país al señalar que este es muy superior a los restantes elementos de la vida económica que son instrumentos. Asimismo, la remuneración debe ser tal que permita al hombre una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual; teniendo en cuenta el puesto, productividad, las condiciones de la empresa y el bien común (67). Se plantea la necesidad de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa; la participación en asociaciones que los representen y el derecho a la huelga como medio necesario, aunque extremo (68).
La propiedad y las inversiones tienen funciones sociales. En el primer caso aportan a la expresión de la persona y le ofrece ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y la economía (71). Las inversiones deben orientarse a asegurar posibilidades de trabajo y beneficios suficientes a la población presente y futura (70). Luego de esto es evidente que la doctrina social de la Iglesia debe ser aprovechada en el Perú para construir un nuevo pacto económico-social donde todos importen y no como ahora.
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