Germán Alarco
(Diario Uno, 9/7/2016, p.10)
Hay que felicitar a PPK por su respuesta relativa a que Petroperú no se privatizará, aunque es obvio que no queda claro en qué consistirá la propuesta de reestructuración y la relativa a una nueva política energética. Por el momento, la empresa parece haber superado el fuego enemigo desde tres extremos: los grupos empresariales encabezados por el decano de la prensa nacional, el gobierno actual dirigido por el MEF, MINAM y el MINEM y los post extractivistas radicales locales. Estos últimos, siguiendo los planteamientos de E. Gudynas en Derechos de la Naturaleza (2014) que postula la moratoria de las actividades petroleras en la Amazonía (p.173), condena al gobierno boliviano por industrializar los recursos naturales (p.116) y plantea que el ser humano puede utilizar la naturaleza solo para satisfacer sus necesidades vitales, no más (p.116).
Efectivamente, la primera empresa del país ha generado serios daños al ambiente y a las condiciones de vida de los pobladores cercanos. A partir de 2011 se han producido 21 derrames en diversos tramos de este. El reporte a la fecha es que los 3 de 2015 se produjeron por problemas de corrosión, 6 por fenómenos naturales, 2 incluido el más reciente están en evaluación y 10 por vandalismo. ¿Quién está detrás de esto?, ¿por qué la empresa no muestra evidencias y plantea hipótesis sobre sus posibles causantes?
Hay que reconocer que el oleoducto no está bien mantenido, pero este último derrame fue oportuno para darle un buen golpe a la empresa, a las empresas operadoras de la selva, a la alicaída seguridad energética, a la economía regional que no recibirá canon petrolero y propiciar la importación total de combustibles. ¿Acaso no son claros los intereses en juego? También es la circunstancia para frenar la participación en el Lote 64 y 192 y la búsqueda del financiamiento para la modernización de la Refinería de Talara obstruida hace cuatro años por el MEF. Solo hay US$ 500 millones obtenidos por la empresa; las garantías de CESCE y la emisión de bonos prometida para junio están en el aire. ¿Por qué dejaron romper el acuerdo crediticio con Société Générale de Francia por casi US$ 1,700 millones?, ¿por qué nunca promovieron los proyectos privados colaterales a la refinería desde Proinversión?
Por el momento, la empresa se ha salvado pero ha quedado en manos de una experta en liquidación de empresas públicas (¿por qué será?). Hay tanta incompetencia que todo parece sospechoso. Nos anuncian la prolongación de la suspensión de actividades del oleoducto, ¿quién sabe hasta cuándo?; ¿nuevas demandas de los operadores de lotes perjudicados, del ex supervisor de obras de la Refinería de Talara y del gobierno regional de Loreto? Sin embargo, a pesar de todo este panorama, todavía hay salidas.
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