(Diario Uno, 28/07/2017, p.9)
Se cumple un año del gobierno de PPK. Es indudable que en el campo económico tuvo mala suerte. Las repercusiones locales a propósito de la corrupción del Lavajato y el fenómeno del Niño Costero desinflaron las expectativas económicas de los diferentes agentes económicos. También los problemas de los grandes proyectos de inversión mal diseñados del gobierno anterior le cobraron la factura. Sin embargo, con independencia de las complicaciones heredadas y de los eventos exógenos, se continuó a la deriva como en los últimos gobiernos neoliberales. Los cambios realizados por los decretos legislativos de inicios de este año fueron excesivamente modestos y las respuestas ante los problemas fueron deficientes.
Muchos votamos por PPK con la “nariz tapada”, ya que había que evitar la otra opción con pocas propuestas hacia adelante, con un pasado antidemocrático y de corrupción. No esperábamos mucho de él, pero no tan poco como desafortunadamente ocurrió. En razón a su madurez creímos que podría amortiguar la influencia de los intereses particulares en favor del bien común; que sería capaz de convocar a muchos agentes económicos en torno a un proyecto (obviamente liberal); que tendríamos rumbo y que superaríamos la clásica perspectiva de corto plazo que nos mantiene en el día a día. Nos equivocamos, seguimos en lo mismo.
En este gobierno, se siguió ignorando el planeamiento estratégico y el análisis prospectivo. Este tema y el Ceplan continuaron en el olvido. La denominada reconstrucción con cambios minimizó esta materia; no consideró a las organizaciones intermedias de la Sociedad Civil y va en camino a repetir el pasado. PPK pudo convocar a todos los actores económicos y sociales; sin embargo, ahora solo parece interesarle los empresarios, la generación de mayores ganancias y la inversión privada. Los trabajadores solo fueron útiles para las elecciones. La estructura del Estado permanece inmaculada cuando a todas luces había que reordenarla y reintegrar funciones a la luz de los objetivos del gobierno.
Ya desapareció la agenda para la diversificación productiva y no hay programas sustitutos a la vista. Por las condiciones internacionales tampoco avanzan los proyectos extractivos. Solo se habla de más inversión pública (sin prioridades ya que no hay planeamiento estratégico), más obras por impuestos y asociaciones públicas-privadas. Sobre estas últimas se modificaron las reglas, pero siguen abiertas las puertas a la corrupción. No se avanzó en lograr una economía más competitiva, en procurar una sociedad con menores desigualdades extremas. La seguridad alimentaria y energética siguen fuera de la agenda. Sólo cabría destacar el reconocimiento de que en las circunstancias actuales cabe utilizar la política fiscal anticíclica.
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