Impuestos según la OCDE

Germán Alarco
Diario UNO, 27/7/2018, p. 10.

Colombia, a finales del mes de mayo, ingresó como miembro 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es la tercera economía de América Latina en hacerlo después de Chile y México. Perú sigue en la lista de espera. La OCDE tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo ofreciendo un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Un tema importante donde la OCDE puede ser útil al Perú es el relativo al fortalecimiento de las finanzas públicas para atender las brechas de infraestructura y sociales. En 2017 la presión tributaria peruana fue equivalente al 15% del PBI.

La OCDE publica periódicamente un informe armonizado sobre la recaudación de impuestos de los países miembros y de América Latina y el Caribe. Los últimos informes corresponden a los años 2017 y 2018 respectivamente con información hasta 2016. Hay muchas sorpresas. El Perú muestra en 2016 una presión tributaria (total de ingresos tributarios/PBI) del 16.1% sólo superior a la de Venezuela, República Dominicana y Guatemala. La lista es encabezada por Cuba, Barbados, Brasil, Argentina y Belice con niveles entre 41.7% y 29.6% del PBI. El promedio regional fue 22.7%. Los socios de la Alianza del Pacífico muestran presiones tributarias superiores a la peruana: Chile 20.4%, Colombia, 19.8% y México 17.2% del PBI.

La diferencia entre el Perú y América Latina respecto al promedio de los miembros de la OCDE es grande, ya que este fue 34.3% del PBI en 2016. Los gobiernos liberales de Alemania, Reino Unido y España tuvieron presiones tributarias del 37.6%, 33.2% y 33.5% respectivamente. Los niveles superiores al 40% se observan en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia y Suecia. Los EE.UU., Canadá y Corea del Sur tienen niveles de 26%, 31.7% y 26.3% respectivamente.

La recaudación por contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre los bienes y servicios (aranceles e ISC especialmente) y otros impuestos del Perú están claramente por debajo de los promedios regionales. Por otra parte, la recaudación por el IGV e impuestos a la renta a personas y empresas están por encima de los promedios regionales. Asimismo, donde estamos totalmente rezagados es en la recaudación de impuestos a nivel regional y local donde es prácticamente inexistente frente a Brasil, Argentina y Colombia donde fue equivalente al 30.3%, 16.8% y 16.2% respectivamente de los ingresos totales del gobierno. Las diferencias del Perú respecto del promedio OCDE son notorias en los impuestos a la propiedad, contribuciones sociales, a la renta de las personas e ISC a combustibles. Hay muchos espacios de mejora.

Burbujas y enfermedad holandesa

Germán Alarco
Diario UNO, 20/7/2018, p. 10.

Hace unas semanas atrás el nuevo Gerente General de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo publicó un editorial insistiendo en las ventajas de concretar toda la inversión minera por cerca de US$ 58,000 millones. Su propósito es plausible. Sin embargo, es necesario que reflexione en los efectos negativos que sobre los precios internacionales puede significar aumentar la oferta, especialmente de cobre, ante una demanda con menor crecimiento. Existe evidencia por lo ocurrido entre 2013 y 2016, que a la par con las devoluciones de impuestos terminó perjudicando al fisco y a las regiones. También debe meditar sobre las estrategias que deberían diseñarse, no sólo para lograr acuerdos sociales en el marco de una excelente gestión ambiental, sino evitar se produzca el síndrome de la enfermedad holandesa y la formación de burbujas a nivel nacional y local.

La enfermedad holandesa se produce por la entrada masiva de divisas que aprecia la moneda nacional. Esta origina problemas en las exportaciones que no están beneficiadas por el auge; se promueven las importaciones en general, afectando la competitividad de todos los sectores productivos locales transables. Se puede generar reprimarización económica. También un balance negativo en el empleo que reduce ingresos, demanda y producto. Los mayores flujos de divisas provocan mayores precios en los bienes no transables. Se producen sólo ganancias para las empresas y trabajadores beneficiados por el auge, el resto se pueden perjudican.

La apreciación de la moneda nacional tiende a promover la entrada de capital de corto plazo que a su vez retroalimenta la apreciación de la moneda nacional con los efectos productivos antes señalados. Asimismo, no solo se produce un aumento de los precios internos de los bienes de consumo, sino de los valores y activos en general que forman burbujas. Los precios suben generando ganancias de capital que atraen primero a unos pocos inversionistas, luego a muchos. Lo que ocurre después es el clásico ciclo de manía (euforia), pánico (reversión de expectativas) y crack (quiebras e insolvencia).

Los fenómenos anteriores también se reproducen a nivel regional y local. Las empresas deben ser ingeniosas para evitar las distorsiones y los problemas cuando los beneficiados del boom son unos pocos y los perjudicados pueden ser muchos. Los ciudadanos locales desplazados solo perciben perjuicios. Estos pierden poder de compra por los mayores precios, la desigualdad se eleva generando conflictos sociales y crea ciudadanos de segunda categoría. El mayor empleo inicial se pierde. La estrategia del goteo de beneficios es insuficiente y genera reacciones negativas. Al estilo de M. Porter (2011) las empresas deben crear valor compartido en serio para no fracasar.

Preocupado por la gente

Germán Alarco
(Diario UNO, 6/7/2018, p. 10)

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un hecho relevante para México y América Latina. Sin embargo, no lo es por la razón que señala la mayoría de los medios de comunicación que afirman que sería un giro a la izquierda de la segunda economía de la región. AMLO no es de izquierda, ni menos un populista como lo califican negativamente sus críticos. Lo que ocurre en nuestra desafortunada realidad es quien no se enfoca en atender por sobre todo los intereses de los ricos y de allí por goteo al resto de los ciudadanos es calificado como de izquierda o populista. AMLO no tiene que ver con Allende, Chávez–Maduro, García I, los Kirchner, Lula, Perón, Velasco Alvarado u otros. Es un producto mexicano resultado de la historia y luchas en ese país.

Entender a AMLO requiere conocer a sus tres referentes históricos: Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas. Juárez creador del Estado mexicano, sus instituciones, la separación de poderes y del orden legal. De Madero sus profundas convicciones democráticas que lo llevaron a la muerte al iniciar la Revolución mexicana. Cárdenas el gran nacionalista que recuperó los hidrocarburos para México, extendió los servicios sociales (educación y salud) a toda la Sociedad valorando a los indígenas, dio inicio a la integración física del territorio. En tiempos difíciles integró a la sociedad mexicana a la par que mantenía las finanzas públicas equilibradas.

AMLO no muestra un gran programa de gobierno; tampoco es un estadista. No tiene en absoluto pretensiones de constituirse en un líder continental; es austero. En política exterior es un ferviente creyente en la autodeterminación de los pueblos. Esta semana luego de recibir los resultados electorales centró su discurso en tres compromisos: No robar, no mentir y no traicionar. Son palabras sencillas y directas, pero que confrontan a nuestras sociedades. No debemos olvidar que todos nuestros ex presidentes vivos están comprometidos en actos de corrupción y por lo menos tres de ellos traicionaron a sus electores. A partir de esos compromisos se juega su lugar en la historia.

Es directo y polémico y lo tildan de autoritario. Sin embargo, en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México concilió con los empresarios inversiones significativas en la remodelación del Centro Histórico, a la par que amplio los programas sociales y mantuvo las finanzas públicas equilibradas. No la tiene fácil con cuatro retos gigantes: enfrentar la corrupción, reducir la violencia, eliminar la pobreza que afecta a 53 de los 120 millones de mexicanos y conciliar con EE.UU. Ya en campaña anunció los nombres de sus futuros ministros o secretarios principales, nada radicales, comandados por un célebre empresario de Monterrey. ¡Enhorabuena México!

Menores aportaciones mineras

Germán Alarco
(Diario Uno, 22/6/2018, p. 10)

Esta semana participé en un Foro sobre Desarrollo Sostenible. Me correspondió compartir mesa con los máximos ejecutivos de dos gremios empresariales. Me llamó la atención los comentarios del representante de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. Repitió el discurso de siempre: El Perú es un país minero; las contribuciones del sector han sido significativas al crecimiento económico, a la generación de divisas y a los ingresos públicos. También aportaron a la reducción de la pobreza en las zonas donde trabajan; se trata de empresas socialmente responsables que contribuyen a la transformación ecológica, generan mucho empleo directo e indirecto. Sólo le faltó afirmar que la minería nos permitirá superar el subdesarrollo. No hubo reflexión alguna.

Es indiscutible que la minería es un sector importante para el país. Aportó el 61% de las exportaciones totales en 2017. Desafortunadamente, no lo es en generación de ingresos para el sector público y de empleo. De acuerdo a la SUNAT en 2017 este sector contribuyó con sólo el 8.6% de los tributos recaudados por actividad económica frente a 17.5% en 2011. Sin embargo, la cosa no queda ahí ya que la aportación neta luego de las devoluciones de impuestos fue negativa en 2016 y positiva por sólo S/. 846 millones equivalente al 1% de los tributos recaudados por actividad económica en 2017. Se recaudaron S/. 6,990 millones y se devolvieron impuestos, especialmente IGV, por S/. 6,144 millones. 

De acuerdo al INEI los niveles de contratación de trabajadores de la minería e hidrocarburos se han reducido en el tiempo a pesar de los mayores niveles de producción. En 2016 fueron 180,624 personas mientras que en el pico de 2011 ascendió a 193,986 personas. Estos sectores sólo emplean al 2.1% del total de asalariados del país, mientras que generan el 9% del PBI. Aún en el caso de los trabajadores no asalariados de estos sectores eran 26,181 en 2016 respecto a 55,111 de 2011. Por otra parte, como hemos demostrado en un artículo previo es absolutamente falso que la minería genere empleos indirectos e inducidos con un multiplicador de alrededor de 6.5 veces los empleos directos. Los estándares internacionales son entre 1.5 y 2.5, sin considerar que se trata de actividades intensivas en capital (entre US$ 2 y 2.5 millones para generar un empleo directo en la gran minería) en la fase operativa de los yacimientos. Las empresas mineras deben abandonar la mala práctica de contratar trabajadores para actividades operativas de manera indirecta a través de "services". 

Sería una insensatez desaprovechar los recursos naturales que tenemos. Sin embargo, es imprescindible maximizar los beneficios respecto de los costos que se producen con esta actividad a nivel regional, ya que es posible que el balance sea positivo a nivel nacional y a veces local. Hay que promover mayores beneficios, encadenamientos productivos y transferencias geográficas. Asimismo, es clave revisar la estrategia de inversión porque niveles excesivos de producción impactan negativamente en los precios internacionales reduciendo aún más las aportaciones en impuestos y valor agregado nacional. Finalmente, las empresas deben generar mayor valor compartido y sean en serio socialmente responsables.

Empresarios y analistas desubicados

Germán Alarco
(Diario Uno, 15/6/201, p.5)

Llamó la atención algunos de los comentarios formulados por los líderes de los gremios empresariales sobre las tareas que debería realizar el nuevo titular del MEF. Estos en sintonía con los poderes mediáticos pretenden imponer agendas fuera del marco institucional, para la defensa de intereses ideológicos y particulares. Entre estas declaraciones destacó la del presidente de la CONFIEP quien señaló que su principal reto será alinear a todo el gabinete sobre los temas que si han funcionado en el Perú. Otro comentario sui generis estuvo a cargo del editor de la sección economía del decano de la prensa nacional que anotó que el ministro debe alinear públicamente a la PCM y al presidente Vizcarra.

Es extraño que no conozcan del orden constitucional, ni la estructura del Poder Ejecutivo y las funciones del titular del MEF. El inciso 3 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú señala que el presidente de la República tiene como función dirigir la política general del gobierno. Asimismo, el inciso 2 del artículo 123 anota que corresponde al presidente del Consejo de Ministros coordinar las funciones de los demás ministros. El primer inciso del mismo artículo señala que a este le corresponde ser el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ratifica las funciones mencionadas anteriormente. El presidente de la República dirige y aprueba la política general del gobierno (art. 7). El presidente del Consejo de Ministros es responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo (art.17). También propone los objetivos de gobierno en el marco de la política general de gobierno (art. 18). Los ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo (art. 25). Asimismo, el Decreto Legislativo 183 y sus modificatorias señalan que el MEF está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social.

Es cierto que el MEF es importante, pero lamentablemente su comportamiento ha desbalanceado la estructura del Estado. No sólo se trata que sea un cajero con horizonte de corto plazo, sino que cambie su perspectiva al mediano y largo plazo como brazo ejecutor del CEPLAN al restablecer la importancia del planeamiento estratégico. Otra opción es dividir ese ministerio en dos: El Ministerio de planeamiento, economía y descentralización y por otro lado el Ministerio de Hacienda. También es imprescindible contar con un MEF con perspectiva sistémica y plural; no endogámico donde el único enfoque válido es el neoliberal.

MEF desenfocado

Germán Alarco
Diario Uno, 1/6/2018, p. 10.

A pesar que los ajustes a los impuestos selectivos al consumo (ISC) no parecían inadecuados están generando reacciones adversas. No hay que preocuparse mucho, por razones obvias, de las quejas de los gremios empresariales. Sin embargo, los nuevos ISC a los combustibles (especialmente diesel) cuando los precios internacionales del petróleo y derivados están subiendo fue una medida inoportuna que afecta más al interior del país al avivar la especulación. Una medida complementaria inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sería reducir las devoluciones de tributos con impactos inexistentes sobre los precios, ingresos y la producción. Para 2017 estas devoluciones ascendieron a S/. 16,268 millones equivalentes al 2.3% del PBI.

El crecimiento de estas devoluciones de tributos ha sido vertiginoso. De acuerdo a la Sunat en 2002 eran de S/. 2,593 millones creciendo a una tasa de crecimiento promedio anual del 13% hasta 2017, claramente superior a la inflación y a la expansión del PBI. El mayor incremento se observó en 2016 con una variación de 44% respecto a 2015. Por sectores productivos no hay sorpresas. La minería con S/. 6,144 millones, el comercio con S/. 3,449 millones, la manufactura con S/. 3,406 millones y los servicios con S/. 1,695 millones. El 65% de las devoluciones son por el IGV a las compras internas de bienes y servicios que se exportan y que corresponden a S/. 10,465 millones en 2017. El segundo concepto es la devolución de impuestos a la importación (Drawback) por S/. 836 millones.

Frente a este problema es urgente que el Congreso de la República a solicitud del MEF derogue algunos incisos del artículo 2 del Decreto Legislativo 708 de 1992. Nos referimos principalmente a la deducción de tributos internos, el impuesto a los dividendos (y no a la renta) y las inversiones deducibles de la renta imponible de manera inmediata. Las condiciones del país no son las de 1992. La devolución del IGV por operaciones internas es cuestionable y más cuando se trata del sector minero. En otras economías cada impuesto es un compartimento estanco: no se puede deducir el IGV pagado del impuesto a la renta.

El colega Manco Zaconetti señala que algunas empresas mineras están desarrollando malas prácticas para deducir el IGV. Entre estas destacan las operaciones entre empresas vinculadas o de fachada, la venta interna para posteriores exportaciones inmediatas, entre otras. La Sunat debe despertar. Otra ruta complementaria sería la de restablecer el régimen de las regalías mineras con base al valor de la producción bruta y no a los ingresos operativos netos como se hizo a finales de 2011. Hay que revisar los impuestos a los juegos de casinos y tragamonedas, a los activos, prediales y aportaciones sectoriales de tributos y PBI.

Nueva crisis neoliberal

Germán Alarco
Diario Uno (19/4/2018, p.10)

A mediados de la semana pasada fuimos sacudidos por el anuncio del presidente Macri de que la Argentina solicitaría ayuda financiera al FMI. Aquí los poderes mediáticos informan poco sobre el tema y los poderes económicos permanecen silenciosos. La noticia no es trivial. El país que revirtió las políticas “populistas” de los 12 años de los Kirchner está en crisis. Es un triste recordatorio que los modelos neoliberales también colapsan.

No es la primera vez que un modelo neoliberal fracasa y en Argentina es la segunda vez en lo que va del siglo XXI. En diciembre de 2001 la ilusa pretensión de Menem, De la Rúa y su ministro Cavallo de mantener la paridad del peso argentino al dólar americano con inflación y el “corralito” precipitó una crisis generalizada con movilizaciones ciudadanas que acabaron con la renuncia presidencial e inestabilidad hasta 2003. Otra crisis económica neoliberal previa fue la de México en 1994 que se detonó por una paridad cambiaria insostenible, a la par que había inflación y masivos vencimientos de compromisos de deuda de corto plazo que rápidamente se cambiaron a dólares precipitando una severa crisis cambiaria, luego productiva y bancaria. Previamente, a inicios de los ochentas los experimentos neoliberales argentino y chileno explotaron al utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria al mismo tiempo que liberalizaron los flujos de capitales internacionales.

Ahora esta nueva crisis argentina se inicia por la depreciación acelerada del peso como resultado de la gran demanda y salida de divisas del país. A su vez están por vencer títulos del gobierno por 671,875 millones de pesos que podría convertirse a dólares que reducirían las reservas internacionales apenas superiores, antes de la crisis, a US$ 60,000 millones. La desconfianza y la incertidumbre se retroalimentan debido a que la inflación sigue alta por los ajustes generalizados de precios públicos y privados producto del ajuste cambiario.

Hay errores de manejo de la política económica evidentes al juntar vencimientos de deuda pública de corto plazo, al ajustar de manera continua los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, los excesos del Banco Central con una tasa de referencia de política monetaria del 40% anual que arroja más leña al fuego y en confiar en que esto se corrige solo a través del mercado. Sin embargo, hay dos temas más graves en juego. La historia económica argentina va de un extremo al otro por la presión de agroexportadores, productores para el mercado interno y trabajadores organizados que no acuerdan entre sí. El otro es que las autoridades políticas no predican con el ejemplo, ya que con sus depósitos privados en el exterior agregan más desconfianza a la sociedad. Con el FMI la situación se complejiza.

Empleo, minería y pobreza

Germán Alarco

(Diario Uno, 4/5/2018, p. 10)

Acaban de publicarse los últimos resultados oficiales del Inei sobre pobreza y desigualdad. Los relativos a la pobreza reflejan un ligero incremento previsible. En el caso de la desigualdad estos son extraños, ya que el Gini se redujo de 0.44 a 0.43. Si se desacelera la economía las brechas entre los diferentes ingresos, sueldos y utilidades aumentan. Ambos resultados comparten en común que no reflejan la realidad. Lo importante hacia adelante es definir cuáles serían las políticas pertinentes. Algunos señalan que más crecimiento económico, otros más políticas focalizadas. Ambas respuestas son incompletas.

Se ha comentado muchas veces que los umbrales de ingreso para definir la pobreza (S/. 338 por persona) y pobreza extrema (S/. 183) no reflejan la realidad de los precios de las zonas urbanas. Quizás son relevantes para las zonas rurales. Por otra parte, el concepto de pobreza monetaria es insuficiente, ya que debería sustituirse por la pobreza multidimensional que comprende indicadores de las condiciones de alimentación (nutrición), vivienda, salud y educación de la población. Utilizando alguna de esta información la pobreza podría hasta duplicarse. En el caso del Gini los resultados omiten toda la información de los estratos de altos ingresos. Ajustando estos con diferentes metodologías el Gini se elevaría entre 0.62 y 0.65.

Erróneamente desde los sectores empresariales se afirma que sólo con más crecimiento económico se resuelve el problema. La inversión privada sólo explica un tercio de este, mientras que la mayor parte es por el consumo privado que no aumentaría si se precarizan las condiciones laborales. Olvidan que la inversión es ahora muy intensiva en capital, elevado componente importado y por tanto reducidos efectos de arrastre (o bajos efectos multiplicadores). Omiten que el cambio estructural y las nuevas tecnologías reducen cada vez más el contenido de mano de obra por unidad de producto. En el otro extremo las políticas focalizadas pueden ser útiles pero a la par sus costos marginales son crecientes, mientras que por ejemplo, las políticas universales en salud podrían ser más eficaces y eficientes.

Hay quienes plantean que promover mayor actividad minera reduce la pobreza. Quizás, pero marginal e indirectamente. En su fase pre operativa se genera empleo local a gran escala pero este prácticamente desaparece cuando se inician las operaciones productivas, ya que el reducido personal no es de la localidad. La gran masa de trabajadores debe regresar a sus actividades primarias (si lo pudiera hacer), mientras que en la zona se elevó el costo de vida. Ni empleo, mayores costos, más desigualdad y en algunos casos hasta deterioro del medio ambiente. La pobreza subiría en lugar de bajar a menos que el canon local pudiera revertir la situación.

Control previo de fusiones y adquisiciones en debate

Germán Alarco e Iván Alonso

Revista Capitales (año 11, N° 117, abril 2018)

Resumen:

Los dos autores presentan argumentos a favor y en contra de la regulación previa de fusiones y adquisiciones. Actualmente en el Perú sólo se lleva a cabo en el caso del sector eléctrico. Se presenta evidencia a nivel internacional; asimismo una discusión sobre los costos y beneficios de establecer dicha regulación. Alarco sugiere implantar las prácticas desarrolladas en Chile y México, socios de la Alianza del Pacífico.

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Irresponsabilidad social empresarial

Germán Alarco
(Diario Uno, 28/4/2018, p.10)

El cargamontón contra el actual Ministro de Trabajo continúa. Tanto los poderes económicos, mediáticos y los analistas afines no aceptan que en su trayectoria profesional se incluyan actividades de fiscalización laboral, defensa de sindicatos y de trabajadores en particular. Llama también la atención la reacción adversa de diversos gremios empresariales que están a favor de la flexibilización laboral y en contra del ajuste de la remuneración mínima vital que a la par pregonan adscribirse a los principios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). A estos, hay que recordarles que ambas posiciones son difíciles de conciliar.

La norma con relación a la RSE se plasmó en la ISO 26000 cuyo proceso de elaboración se inició en 2001 y terminó en 2010 con la participación de expertos de 90 países y 40 organizaciones internacionales y regionales representativas de todas las partes involucradas. El capítulo sobre prácticas laborales tiene siete secciones: visión general, principios, relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social, diálogo social, salud y seguridad en el trabajo, desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. A continuación algunos de sus contenidos para recordar a los empresarios los compromisos asumidos con la RSE.

En la visión general se señala que el trabajo enriquecedor y productivo es un elemento esencial del desarrollo humano y los niveles de vida mejoran gracias al pleno empleo y el empleo seguro. Su ausencia constituye una causa primordial de problemas sociales (6.4.1.2). En los principios nos recuerda que el trabajo no es una mercancía, por lo que los trabajadores no deberían ser tratados como un factor de producción, ni estar sujetos a las mismas fuerzas del mercado que se aplican a las mercancías. Se reconoce la vulnerabilidad de los trabajadores y la necesidad de proteger sus derechos básicos (6.4.2.1).

La lista de acciones que debería implantar una organización son numerosas. Destacan, por ejemplo, reconocer la importancia del empleo seguro valiéndose de la planificación para evitar empleo casual o el excesivo uso de trabajadores temporales. Evitar obligaciones que impone la ley disfrazando relaciones laborales. No beneficiarse de prácticas laborales injustas, explotadoras o abusivas de los socios, proveedores o subcontratistas, incluidos los trabajadores a domicilio. Pagar salarios que, al menos, fueran adecuados a las necesidades de los trabajadores y sus familias. No obstruir a los trabajadores que busquen formar sus propias organizaciones o unirse a ellas y negociar colectivamente. Abstenerse de alentar a los gobiernos a restringir el ejercicio de los derechos, internacionalmente reconocidos, de libertad de asociación y negociación colectiva, entre muchas otras propuestas.

¿Mercado laboral hiperrígido?

Germán Alarco
(Diario UNO, 20/4/2018, p. 10)

Esta semana el decano de la prensa nacional continuó con su campaña a favor de la desregulación del mercado laboral. Ahora aprovechó una entrevista al nuevo Ministro de Economía y Finanzas para reintroducir el tema. En su portada señaló que este afirmó que el mercado laboral peruano es hiperrígido. Asimismo, comentó cuáles eran sus principales retos: impulso a la inversión pública con recomposición del gasto (menos gasto corriente), que Sunat empiece a recaudar de verdad y la revisión del marco normativo para reducir exoneraciones tributarias.

Efectivamente, el titular del MEF se introdujo en un tema que no le correspondía. Sin embargo, en la entrevista fue cauto al señalar que desean que estas “rigidices” no se incrementen más ya que nos enfrentamos a un marco social y político histórico en el que es complicado hacer mayores esfuerzos. ¿Dónde quedó toda la desregulación laboral realizada por los gobiernos neoliberales a partir de la década de los noventas? Insistió en que el país no debe empeorar su posición en los rankings internacionales sobre la materia, pero omitió señalar que estos se realizan a partir de encuestas de opinión con los empresarios locales y no sobre la base de información objetiva. En realidad son indicadores subjetivos y profecías autocumplidas.

Los mayores niveles de desempleo a propósito de la desaceleración económica y la mayor elasticidad empleo-producto respecto de otras economías (variación porcentual de la contratación respecto del crecimiento del PBI) son reflejo de que el mercado laboral no es siquiera rígido. Además no se debe olvidar que sólo el 36% de los trabajadores asalariados tiene contratos de trabajo indefinidos, mientras que el 64% está sujeto a regímenes temporales y especiales donde la flexibilidad es una característica clave. Por otra parte, todas las estimaciones empresariales sobre los denominados sobrecostos laborales son incorrectas ya que no consideran su monto integrado. En 2016 la participación de los sueldos y salarios (incluyendo cargas sociales) en el PBI peruano fue de 31.5% según el Inei, mientras que el de EE.UU. fue 53.6% del PBI de acuerdo a www.bea.gov.

Me agradó que el nuevo Ministro se refiriera a los efectos multiplicadores de la inversión pública, ya que resucita un término importante ignorado por los economistas neoliberales. También que de la caída de cuatro puntos de la presión tributaria respecto al PBI la mitad fue por la política de reducción de impuestos del gobierno anterior. Sin embargo, su visión sobre cómo promover el crecimiento económico es muy ortodoxa y poco creativa. Dejó como incógnitas cómo serán la nueva política sobre asociaciones público privadas y las modificaciones a la ley sobre la reconstrucción con cambios. ¿Corregirán errores? 

¿Mercado laboral moderno?

Germán Alarco
(Diario UNO, 13/4/2018, p. 10)

El decano de la prensa nacional inició la ofensiva contra el nuevo Ministro de Trabajo. Esta semana dedicó un editorial que comenzaba con un recuento de lo poco que se avanzó en el tema durante el gobierno de PPK. Según ellos, la agenda laboral incluye la flexibilización de las condiciones laborales, el control de los sobrecostos, la reducción de la carga regulatoria y de tramitología de la contratación formal, entre otros. No les gusta que la nueva autoridad laboral haya defendido el rol de la remuneración mínima vital (RMV), de la sindicalización, de su trayectoria como abogado de sindicatos y trabajadores. También afirma que ha expresado posiciones opuestas a un mercado laboral moderno.

Estas críticas están desactualizadas. Si revisan la literatura reciente del Fondo Monetario Internacional se darían cuenta que aún dentro de la economía estándar ha cambiado la visión sobre el rol de la RMV, la sindicalización y la desigualdad. Berg y Ostry (2011) demostraron que una mayor desigualdad se asocia con un crecimiento más bajo y menos sostenible en el largo plazo. Jaumotte y Osorio (2014) y Bakker y Felman (2015) señalaron que la menor sindicalización trae aparejada una mayor desigualdad a favor de los grupos de ingresos más altos. Asimismo, sostienen que la desigualdad aumenta como resultado del debilitamiento de la institucionalidad laboral: disminución de la tasa de sindicalización y la caída del salario mínimo en relación con la mediana del ingreso.

El enfoque del decano y sus amigos se originó hace más de 100 años en la escuela neoclásica. A pesar que fue rebatido por Keynes desde el siglo XX, desafortunadamente muchos economistas lo repiten. Las remuneraciones no son flexibles, y aún lo fueran hacia la baja, las empresas no van a contratar a más trabajadores si la demanda y expectativas no son positivas. Omiten que la caída del salario real reduce la demanda y que el desempleo es mayoritariamente involuntario. También que en una economía de bajos ingresos la oferta de trabajo aumenta en lugar de reducirse cuando bajan los ingresos reales. Tampoco las remuneraciones reales se explican por la productividad marginal del trabajo, sino por la dotación de capital por trabajador (incluyendo la tecnología) y factores socio-políticos e institucionales.

El mercado de trabajo neoclásico se construyó para demostrar que toda intervención del Estado es negativa. Se concluye lo que se quiere establecer previamente. Una RMV generaría desempleo y un subsidio al desempleo reduciría la flexibilidad del mercado de trabajo. Se olvidan también de los salarios de eficiencia (Shapiro y Stiglitz, 1984) por encima del nivel de equilibrio para reducir la rotación laboral, aumentar la productividad, eficiencia y competitividad de una firma. 

TLC UE, Perú, Ecuador y Colombia, ¿Dónde estamos y hacia adonde vamos?

Germán Alarco
César Castillo

Resumen: 

Se realiza un análisis del comercio internacional a nivel global y por grupos de productos respecto del PBI mundial. Asimismo, se evalúa la relación de los tratados de libre comercio y los volúmenes de comercio internacional. El segundo objetivo consiste en medir la importancia del comercio internacional del Perú respecto de cada uno de los principales bloques comerciales, determinando si la relación es superavitaria o deficitaria y cuál es su tendencia. En tercer lugar, se pretende medir la penetración de las exportaciones peruanas en los diferentes bloques comerciales, destacando el caso de la Unión Europea. En cuarto lugar, se analiza al detalle el comercio exterior con la Unión Europea considerando el sistema de clasificación armonizada, por uso o destino económico (Cuode) y por nivel tecnológico. Asimismo, se analiza la competitividad de los principales productos de exportación. En quinto lugar, se determina el producto potencial a partir del comercio exterior y por último se establecen algunas recomendaciones de política económica para mejorar la contribución del comercio exterior al PBI.

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Economía Venezolana: ¿factores estructurales y coyunturales?

Germán Alarco
Revista Ideele 278, 2018

Resumen:

Se analiza el desempeño actual y proyecciones para la economía venezolana. Se anotan como factores explicativos estructurales la maldición de los recursos naturales y la enfermedad holandesa. Los factores coyunturales aluden al inadecuado manejo de la economía. Se plantean una serie de interrogantes en torno a la salida de esta grave crisis. Se comenta que está será compleja, razón por la cual los venezolanos deben ser muy creativos. Los programas de ajuste y estabilización estándar no son suficientes.

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Impactos económicos de Airbnb y Uber

Germán Alarco
(Diario Uno, 6/4/208, p. 10)

El abogado A. Bullard continúa su campaña a favor de la desregulación económica en el decano de la prensa nacional. El sábado pasado señaló todas las ventajas de los servicios públicos totalmente desregulados como Airbnb (alojamiento y pasajes), Uber y Cabify (taxi). Ubicó sus ventajas tanto en los menores precios a favor de los consumidores respecto de las otras opciones reguladas así como que estos sistemas demuestran que el “mercado de la confianza” no está únicamente en manos del Estado. Se olvidó de los ingresos generados a favor de los prestadores de servicios. Tampoco mencionó elemento negativo alguno de estas opciones para los consumidores y la sociedad.

Estos servicios no son la panacea. En nuestra memoria reciente registramos robos, denuncia de violación, accidentes de tránsito serios y mala atención a cargo de algunos taxistas desregulados. Por otra parte, si bien estos sistemas retiran (en teoría) a los malos prestadores luego de una denuncia, se trata de mecanismos que suceden luego de ocurrido el evento en perjuicio del usuario. En los sistemas regulados hay una evaluación previa del prestador, hay requisitos técnicos y operativos, existen obligaciones para atender al usuario en caso de un siniestro (seguros) y la magnitud de la sanción no sólo se limita a la expulsión. El castigo es mayor. Cuando una oficina del Estado (directa o indirectamente) otorga estrellas a los hoteles el usuario conoce ex ante los servicios que debería recibir. En los servicios desregulados los conoce realmente ex post.

Desafortunadamente, todos los servicios con base al uso del internet conducen a la reducción de ingresos del Estado en perjuicio de todos. Esta es una preocupación a nivel internacional. La proliferación de estos reduce la presión tributaria en circunstancias en que las necesidades y costos de los gobiernos crecen. ¿De dónde van a salir los recursos para los servicios tradicionales, inversión pública y función redistributiva del Estado? Asimismo, en el futuro esta situación se agravaría cuando, por ejemplo, la robotización elimine el 57% de los empleos en las economías de la OCDE al 2035 (Oxford-Citibank, 2016) obligando a implantar sistemas de pensión universal que ya se discuten en las economías avanzadas (Bregman, 2017).

Todos olvidan que los propietarios de viviendas y choferes de las actividades desreguladas tampoco van a pagar contribuciones sociales. ¿Quién va a aportar al seguro social y a los fondos de pensiones? En realidad el mundo de los Airbnb, Uber y similares elevan la informalidad y precarizan a la sociedad. Tampoco se evalúan los impactos de convertir viviendas de alquiler en turísticas desplazando a los pobladores tradicionales de los centros urbanos y afectando a los que se queden allí (mayores movimientos y ruidos). Efectivamente, liberan ingresos de los consumidores (generalmente de ingresos medios) para otros usos, pero nada garantiza que en el mundo real se reciban mejores servicios y se beneficie a todos. Para que esto ocurra también hay que suponer que la economía funciona en competencia perfecta, no hay barreras a la entrada y responde a los incentivos, sin que estos generen beneficios extraordinarios para los dueños de los activos.

Nueva agenda económica

Germán Alarco
(Diario UNO, 30/3/2018, p. 9)

Decía Albert Einstein que sin crisis no hay desafíos y que en las crisis aflora lo mejor de cada uno. Hay que ver el reciente cambio presidencial con optimismo, como una nueva oportunidad. Los poderes económicos y mediáticos impulsan candidatos a ministros de acuerdo a su ideología e intereses particulares; también hablan sobre el contenido de la agenda. Repiten dos palabras: lograr credibilidad que se escucha bien; sin embargo la segunda: estabilidad es resbalosa, ya que parece insinuar que hay que hacer más de lo mismo. Es momento de definir la agenda, los cómo y luego con quienes. Aquí algunas sugerencias.

Lo primero es encontrar el rumbo. Es urgente redefinir de manera práctica nuestra visión de país que considere las particularidades regionales. A partir de allí establecer la estrategia en un proceso horizontal con las regiones, el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil y también vertical involucrando a los sectores administrativos del Estado. Hay que rehabilitar el rol del planeamiento estratégico y el análisis prospectivo integrándolo con las señales del mercado para que los objetivos se conviertan en realidad. Se debe reinstalar la palabra priorización reconociendo la escasez de recursos, con base a criterios transparentes y que cambien en el mediano plazo cuando sea necesario.

Es imprescindible construir un nuevo consenso económico social donde todos los agentes importen: trabajadores asalariados, independientes, campesinos, pueblos indígenas u originarios, microempresarios, entre otros. No se trata sólo de incluir el tema de la lucha contra la corrupción y la reforma política electoral. La nación no sólo son los empresarios y la promoción de la inversión privada. Otro tema clave consiste en ajustar la estructura del poder ejecutivo a los objetivos y prioridades del gobierno, para dirigirla mejor. ¿Por qué no crear un ministerio de planeamiento estratégico, economía y descentralización?; ¿un ministerio para la diversificación productiva y comercio exterior?; ¿no se deben reintegrar muchos organismos descentralizados que operan como islas a sus ministerios respectivos?; ¿acaso la educación, la cultura y el deporte deben ir separadas?, ¿por qué no un ministerio de hacienda independiente?

Los temas claves deben estar encabezados por crecer y a la par transformar la estructura productiva. Hay que lograr equilibrios entre sectores extractivos, desarrollo sostenible nacional, regional y local. Se debe procurar una sociedad sin desigualdades extremas y promover una economía más competitiva. Hay que replantear la relación con el sector privado (en infraestructura y servicios públicos); ajustar la política fiscal, monetaria y financiera; recuperar la seguridad energética y actualizar la relación con el mundo. 

Libre competencia inexistente

Germán Alarco
(Diario UNO, 23/3/2018, p.10)

Llama la atención la fuerte reacción de un importante grupo de abogados y economistas a las resoluciones de Indecopi que permiten la libre entrada de alimentos y bebidas externas en las principales cadenas salas de cines del país. Según ellos, estas disposiciones vulneran la libre iniciativa privada y la libertad de empresa; a la par se afecta sus utilidades y perjudica a los consumidores en el largo plazo. También señalan que no tiene fundamento legal alguno.

La lectura de las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual es interesante. Se trata de dos documentos de 45 y 46 páginas que incluyen los antecedentes, análisis y resolución con relación a las denuncias interpuestas contra Cinemark y Cineplex por parte de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). El proceso se inició hace un año en febrero de 2017 dando lugar a diversas apelaciones, diligencias y audiencias. En la queja inicial se plantea que los precios de los productos que expenden en los cines son cinco veces superiores a su precio real y que se restringe la alternativa de poder comprar bienes similares a un menor precio, entre otros argumentos. El fundamento legal está basado en la violación del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

No sólo el marco normativo nacional avala la decisión de Indecopi, sino que en la sección de análisis se presenta información internacional. En Brasil la prohibición para entrar con alimentos y bebidas se ha calificado como una venta atada y por tanto una práctica abusiva que vulnera el derecho de los consumidores. En Bolivia la prohibición vulnera el derecho a la libre elección. En Argentina se tipifica como una práctica abusiva que atenta también contra la libertad de elección. En la mayoría de las comunidades autónomas de España, incluyendo la de Madrid, se señala que esta restricción no está amparada por el derecho de admisión e introduce una discriminación injustificada respecto de los alimentos y bebidas adquiridos en establecimientos del exterior. En la Ley Federal de Competencia de México la prohibición puede ser tipificada como una venta o transacción condicionada a comprar otro bien o servicio adicional, que puede ser considerada una práctica monopólica.

Chile es el único país donde existe la restricción al acceso con alimentos y bebidas. Sin embargo, uno de los considerandos anotados por las autoridades chilenas es que hay otras salas de cine donde el ingreso con estos bienes es posible. Hay salas de cine que si permiten el ingreso con alimentos y bebidas, mientras que en el Perú la práctica generalizada es que esto no es posible. Los defensores de los empresarios se confunden: una cosa es la libre competencia en teoría y la efectiva que es inexistente.

Una derecha torcida

Germán Alarco
(Diario UNO, 16/3/2018, p.10)

Es el título del artículo publicado por Jerónimo Pimentel en el suplemento cultural del decano de la prensa nacional del domingo 11 de marzo. Se trata de una lectura obligada donde se crítica la posición de los grupos empresariales (la derecha peruana) a la luz de los últimos acontecimientos relativos a su oposición a la regulación previa de fusiones, al club de la construcción, la fusión de las cadenas de farmacias y al descubrimiento de que la Confiep recibió financiamiento de Odebrecht para realizar una campaña (mejor dicho contra campaña) que trataba de reducir espacios al candidato Humala, entre otros. Aquí algunos extractos de su artículo. Ojalá lo dejen seguir escribiendo en ese diario.

Del cartel de los pañales al club de la construcción, de Chinchero a las donaciones de la Confiep, lo que nos deja claro el capital peruano es que busca la colusión, la prebenda, la ventaja. No son noticias nuevas. Ajenos al aumento de la productividad, de la creación de valor, a la innovación, a los retos que sus pares enfrentan en el mundo con orgullo, los empresarios se reducen en el Perú a un rol oportunista: aliarse con la dirigencia para calcular cuánto dar y cuánto recibir. El más exitoso es quien apuesta mejor.

En la inseguridad de los empresarios cualquier intervención ciudadana ajena al lobby les aterroriza, desde los octógonos en los empaques de alimentos hasta las discusiones sobre la necesidad o no de regular un monopolio en el mercado de la salud. No son dilemas nuevos, desafíos que ponen a prueba la fortaleza intelectual de sus portavoces; son más bien polémicas superadas hace mucho con consensos claros de instituciones técnicas, avances a los que el Perú se resiste. La idea para ellos no es acercarse a la verdad, transparentar información o enriquecer el debate ciudadano: se trata más bien de dilatar, bloquear y medrar para mantener el mayor tiempo posible condiciones que pueden ser nocivas para el mercado o incluso dañinas para el consumidor, pero que les aseguran márgenes de ganancia.

Jerónimo Pimentel ha dado en el clavo. Desafortunadamente, cada vez existen menos verdaderos empresarios en el Perú, en particular si los concebimos como el innovador de Schumpeter. Esos que crearon empresa desde finales del siglo XIX, los de los años cincuenta, sesenta y setenta y hasta en los difíciles ochenta. En la mayoría de los casos ahora se trata de crear empresa, vender, parasitar y vivir de las rentas. La mística, el espíritu creativo y de competencia se ha perdido cediendo su lugar a una mentalidad extractivista propia del siglo XIX, al crudo cálculo financiero y la segmentación de mercados que sólo pretende extraer hasta el último centavo de excedente a los consumidores. Con esos empresarios el país no tiene futuro alguno.

América Latina en la trampa de Ingresos medios o del lento crecimiento

Análisis Económico Núm. 82, vol. XXXIII Primer cuatrimestre de 2018

UAM Azcapotzalco-Ciudad de México   

Resumen:

Se detallan los factores que podrían explicar la presencia de la trampa de ingresos medios o de lento crecimiento económico en América Latina. Se incorporan los criterios para medir si una economía cualquiera se ubica dentro de esas categorías. Asimismo, con información estadística entre 1870 a 2014 se evalúa bajo diferentes metodologías si 18 economías latinoamericanas y la región en su conjunto se pueden incorporar en estas tipologías. Se concluye que la mayoría de las economías de la región y el conjunto se ubican en dicha trampa o tienen bajo crecimiento económico y que la probabilidad de alcanzar el estatus de economía de altos ingresos sería muy reducida.

Puede revisar el texto completo aquí. 

Moratoria de Fusiones

Germán Alarco
(Diario UNO, 9/3/2018, p. 10)

Las recientes operaciones de fusiones y adquisiciones (F&A) en la cadenas de farmacias y de gasolineras han llamado la atención de importantes sectores ciudadanos. Se trata de un tema delicado que puede afectar a los consumidores y al bienestar de toda la sociedad. Hay varias iniciativas legislativas para la regulación previa de F&A en el Congreso de la República, pero es claro que los diversos poderes económicos y mediáticos harán todo lo posible para evitar que se concreten.

Todas las iniciativas tienen elementos favorables pero también otros cuestionables que hemos comentado en columnas previas. Tanto la discusión como las presiones pueden prolongar en demasía la concreción de esta norma, razón por la cual se propone una moratoria de F&A en sectores sensibles. Hay que evitar que se produzcan más operaciones sin regulación alguna. Esta moratoria también puede ser útil para definir criterios para la regulación previa posterior.

Se propone una moratoria de al menos cinco años. La lista de sectores sensibles debería incluir aquellos que podrían tener mayor impacto en la canasta de bienes de consumo de las familias, sectores donde los indicadores de concentración son elevados y donde se han producido casos de abuso de posición de dominio. Esta comprendería la elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de papel y productos de papel, refinación de petróleo y derivados, fabricación de productos químicos, farmacéuticos y productos medicinales, productos de caucho, minerales no metálicos (vidrio y cemento especialmente), suministro de electricidad, gas y agua, transporte por vía acuática, aérea y terrestre, telecomunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades de enseñanza y de atención de la salud humana. Otras actividades dentro del sector comercio serían las cadenas de supermercados, gasolineras, farmacias y centros comerciales.

Impedir todas las operaciones de F&A en estos sectores sería irracional. Se propone, si lo desean las empresas, acuerdos caso por caso con Indecopi para concretar estas operaciones mediante procedimientos transparentes que incorporen la consulta pública. Estos acuerdos de largo plazo podrían incluir topes en los ajustes de los precios de bienes y servicios ajustados por productividad, metas en cuanto a la calidad, montos asignados a los gastos de investigación y desarrollo, compromisos de comportamiento en relación a los trabajadores, proveedores y los otros competidores, entre otros. Asimismo, habría que establecer un procedimiento similar a partir de un umbral específico (valor de la operación) en el caso de los otros sectores económicos no comprendidos en la lista anterior. Hay que evitar que economía se siga concentrando sin beneficio alguno para la Sociedad.