Germán Alarco
(Diario Uno, 29/8/2015, p.7)
Eso es lo que
pretenden desde el MEF y el MINEM, en complicidad con funcionarios deshonestos
de la empresa, al impedir la participación de PETROPERÚ en el Lote 192. Ya se
perdieron dos oportunidades en los lotes de Talara, vamos por la tercera opción
desaprovechada y se sigue desfasando tanto la intervención en el Lote 64 como
se mantienen las indefiniciones financieras en el Proyecto de Modernización de
la Refinería de Talara. Como en los casos anteriores, ahora no hay criterio
técnico alguno, sólo domina la ideología neoliberal. En este caso la operación
integral del lote implicaría una inversión de US$ 40 millones en dos años con
una utilidad neta anual de US$ 40 millones, equivalente a una tasa interna de
retorno del 62%, lo cual es una magnifica rentabilidad. El gobierno miente a la
opinión pública al plantear un monto de US$ 700 millones.
Mal intencionadamente se continúa sin hacer caso a las recomendaciones de la empresa Wood Mackenzie, contratada en 2014, sobre la necesidad de participar en el upstream (producción de hidrocarburos). Estas actividades “podrían adicionar tres veces el valor actual de la empresa”. A este comportamiento suma la indolencia para resolver el problema del IGV no recuperado por las operaciones en la Selva que cuesta a la empresa casi US$ 100 millones anuales. Sin embargo, no sólo es eso, en sesión del 29 de mayo de 2015 el directorio actual de la empresa ha dado marcha atrás en la visión, misión y objetivos estratégicos.
En la visión ya no se refieren a una empresa de hidrocarburos y energía del Estado. Se retrocede de la creación de valor compartido a la responsabilidad social empresarial. Se eliminan los compromisos con el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética. Se omite la pretensión de participar en los mercados internacionales. En la misión se abandona el objetivo de contribuir como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo. Los objetivos estratégicos se reducen de siete a cinco priorizando “prepararse para una oferta pública de acciones”, minimizando el buen gobierno corporativo y las relaciones con los grupos de interés.
Los cambios en el Plan Estratégico no sólo son un retroceso hacia una situación similar a la que existía en 2010, sino que las acciones concretas del gobierno y el Directorio parecieran encaminadas a destruir valor y por tanto malbaratar la empresa. Hay que felicitar la posición del gobierno y pueblo loretano. El Congreso de la República debe insistir en corregir la Ley 30130 de acuerdo a la iniciativa ciudadana, censurar a las autoridades sectoriales y promover un nuevo Directorio y administración de la empresa en beneficio del país.
Mal intencionadamente se continúa sin hacer caso a las recomendaciones de la empresa Wood Mackenzie, contratada en 2014, sobre la necesidad de participar en el upstream (producción de hidrocarburos). Estas actividades “podrían adicionar tres veces el valor actual de la empresa”. A este comportamiento suma la indolencia para resolver el problema del IGV no recuperado por las operaciones en la Selva que cuesta a la empresa casi US$ 100 millones anuales. Sin embargo, no sólo es eso, en sesión del 29 de mayo de 2015 el directorio actual de la empresa ha dado marcha atrás en la visión, misión y objetivos estratégicos.
En la visión ya no se refieren a una empresa de hidrocarburos y energía del Estado. Se retrocede de la creación de valor compartido a la responsabilidad social empresarial. Se eliminan los compromisos con el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética. Se omite la pretensión de participar en los mercados internacionales. En la misión se abandona el objetivo de contribuir como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo. Los objetivos estratégicos se reducen de siete a cinco priorizando “prepararse para una oferta pública de acciones”, minimizando el buen gobierno corporativo y las relaciones con los grupos de interés.
Los cambios en el Plan Estratégico no sólo son un retroceso hacia una situación similar a la que existía en 2010, sino que las acciones concretas del gobierno y el Directorio parecieran encaminadas a destruir valor y por tanto malbaratar la empresa. Hay que felicitar la posición del gobierno y pueblo loretano. El Congreso de la República debe insistir en corregir la Ley 30130 de acuerdo a la iniciativa ciudadana, censurar a las autoridades sectoriales y promover un nuevo Directorio y administración de la empresa en beneficio del país.
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