Burbujas y enfermedad holandesa

Germán Alarco
Diario UNO, 20/7/2018, p. 10.

Hace unas semanas atrás el nuevo Gerente General de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo publicó un editorial insistiendo en las ventajas de concretar toda la inversión minera por cerca de US$ 58,000 millones. Su propósito es plausible. Sin embargo, es necesario que reflexione en los efectos negativos que sobre los precios internacionales puede significar aumentar la oferta, especialmente de cobre, ante una demanda con menor crecimiento. Existe evidencia por lo ocurrido entre 2013 y 2016, que a la par con las devoluciones de impuestos terminó perjudicando al fisco y a las regiones. También debe meditar sobre las estrategias que deberían diseñarse, no sólo para lograr acuerdos sociales en el marco de una excelente gestión ambiental, sino evitar se produzca el síndrome de la enfermedad holandesa y la formación de burbujas a nivel nacional y local.

La enfermedad holandesa se produce por la entrada masiva de divisas que aprecia la moneda nacional. Esta origina problemas en las exportaciones que no están beneficiadas por el auge; se promueven las importaciones en general, afectando la competitividad de todos los sectores productivos locales transables. Se puede generar reprimarización económica. También un balance negativo en el empleo que reduce ingresos, demanda y producto. Los mayores flujos de divisas provocan mayores precios en los bienes no transables. Se producen sólo ganancias para las empresas y trabajadores beneficiados por el auge, el resto se pueden perjudican.

La apreciación de la moneda nacional tiende a promover la entrada de capital de corto plazo que a su vez retroalimenta la apreciación de la moneda nacional con los efectos productivos antes señalados. Asimismo, no solo se produce un aumento de los precios internos de los bienes de consumo, sino de los valores y activos en general que forman burbujas. Los precios suben generando ganancias de capital que atraen primero a unos pocos inversionistas, luego a muchos. Lo que ocurre después es el clásico ciclo de manía (euforia), pánico (reversión de expectativas) y crack (quiebras e insolvencia).

Los fenómenos anteriores también se reproducen a nivel regional y local. Las empresas deben ser ingeniosas para evitar las distorsiones y los problemas cuando los beneficiados del boom son unos pocos y los perjudicados pueden ser muchos. Los ciudadanos locales desplazados solo perciben perjuicios. Estos pierden poder de compra por los mayores precios, la desigualdad se eleva generando conflictos sociales y crea ciudadanos de segunda categoría. El mayor empleo inicial se pierde. La estrategia del goteo de beneficios es insuficiente y genera reacciones negativas. Al estilo de M. Porter (2011) las empresas deben crear valor compartido en serio para no fracasar.

Preocupado por la gente

Germán Alarco
(Diario UNO, 6/7/2018, p. 10)

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un hecho relevante para México y América Latina. Sin embargo, no lo es por la razón que señala la mayoría de los medios de comunicación que afirman que sería un giro a la izquierda de la segunda economía de la región. AMLO no es de izquierda, ni menos un populista como lo califican negativamente sus críticos. Lo que ocurre en nuestra desafortunada realidad es quien no se enfoca en atender por sobre todo los intereses de los ricos y de allí por goteo al resto de los ciudadanos es calificado como de izquierda o populista. AMLO no tiene que ver con Allende, Chávez–Maduro, García I, los Kirchner, Lula, Perón, Velasco Alvarado u otros. Es un producto mexicano resultado de la historia y luchas en ese país.

Entender a AMLO requiere conocer a sus tres referentes históricos: Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas. Juárez creador del Estado mexicano, sus instituciones, la separación de poderes y del orden legal. De Madero sus profundas convicciones democráticas que lo llevaron a la muerte al iniciar la Revolución mexicana. Cárdenas el gran nacionalista que recuperó los hidrocarburos para México, extendió los servicios sociales (educación y salud) a toda la Sociedad valorando a los indígenas, dio inicio a la integración física del territorio. En tiempos difíciles integró a la sociedad mexicana a la par que mantenía las finanzas públicas equilibradas.

AMLO no muestra un gran programa de gobierno; tampoco es un estadista. No tiene en absoluto pretensiones de constituirse en un líder continental; es austero. En política exterior es un ferviente creyente en la autodeterminación de los pueblos. Esta semana luego de recibir los resultados electorales centró su discurso en tres compromisos: No robar, no mentir y no traicionar. Son palabras sencillas y directas, pero que confrontan a nuestras sociedades. No debemos olvidar que todos nuestros ex presidentes vivos están comprometidos en actos de corrupción y por lo menos tres de ellos traicionaron a sus electores. A partir de esos compromisos se juega su lugar en la historia.

Es directo y polémico y lo tildan de autoritario. Sin embargo, en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México concilió con los empresarios inversiones significativas en la remodelación del Centro Histórico, a la par que amplio los programas sociales y mantuvo las finanzas públicas equilibradas. No la tiene fácil con cuatro retos gigantes: enfrentar la corrupción, reducir la violencia, eliminar la pobreza que afecta a 53 de los 120 millones de mexicanos y conciliar con EE.UU. Ya en campaña anunció los nombres de sus futuros ministros o secretarios principales, nada radicales, comandados por un célebre empresario de Monterrey. ¡Enhorabuena México!

Peligrosa flexibilización laboral

Germán Alarco
Diario Uno, 29/6/2018, p.10

La extensión de las condiciones laborales especiales para los trabajadores del sector agropecuario es un tema bajo discusión. De un lado están los agroexportadores, el BCRP y el MEF a favor de ampliarlas indefinidamente y del otro las organizaciones sindicales y el propio Ministerio de Trabajo quienes plantean la cancelación o ajustes a este régimen. De partida, se debe señalar que no sólo se trata de un régimen laboral que recorta vacaciones de 30 a 15 días, integra todos los pagos a un jornal diario y reduce la indemnización por despido, sino que incluye otras prerrogativas como una tasa de impuesto a la renta de 15%, menores pagos a Essalud del 9% al 4%, recuperación anticipada de IGV y un régimen de depreciación acelerada para ciertos activos.

Hay poca información oficial sobre el tema. Sin embargo, existen varias evidencias sobre la mesa. Este régimen está acompañado de una notable expansión de las exportaciones no tradicionales, lo cual no significa necesariamente que sea su factor explicativo. El régimen especial estableció desde su origen una vigencia de 20 años que constituye un plazo más que razonable para promover cualquier actividad económica. Es indudable que ha contribuido a la formalización de los trabajadores del sector agrícola pero habría que evaluar lo ocurrido con sus condiciones de vida. Los beneficios se han concentrado en 15 empresas que generan el 50% de los empleos. También hay que colocar en la balanza el costo fiscal en términos de menores ingresos para el fisco y Essalud. Tampoco hay que olvidar que su principal promotor como Ministro de Agricultura en el año 2000 es uno de sus grandes beneficiados.

El tema laboral en el sector agropecuario tiene sorpresas. Según el INEI entre 2007 y 2016 el empleo asalariado en el sector se ha reducido, en lugar de aumentar. De 995,293 trabajadores en 2007 a 974,536 en 2016 con un pico en 2012. También ocurren cosas curiosas en cuanto a los ingresos promedio. Los campesinos independientes perceptores de ingresos mixtos recibieron en 2016 un ingreso anual de S/.10,873 anuales, mientras que los asalariados del mismo sector sólo S/. 6,522. Entre 2007 y 2016 los ingresos reales del campesinado crecieron 7.3% anual, mientras que el de los asalariados lo hizo solo al 3.4% anual.

Hay que analizar los estados financieros de las empresas beneficiadas para determinar si hay ganancias extraordinarias o extranormales. Aún si no fuera el caso, el fisco y los trabajadores no deben asumir los costos por abaratar mayores exportaciones. Hay que estudiar otras modalidades de apoyo, como a la innovación tecnológica, formación de clusters y a la mejora de las cadenas logísticas de los productores que lo requieran.  Por otra parte, este régimen no es extrapolable a otra actividad económica ya que no sólo afectaría los ingresos públicos, sino a la masa salarial que impactaría negativamente en la demanda interna y producción local.

Menores aportaciones mineras

Germán Alarco
(Diario Uno, 22/6/2018, p. 10)

Esta semana participé en un Foro sobre Desarrollo Sostenible. Me correspondió compartir mesa con los máximos ejecutivos de dos gremios empresariales. Me llamó la atención los comentarios del representante de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. Repitió el discurso de siempre: El Perú es un país minero; las contribuciones del sector han sido significativas al crecimiento económico, a la generación de divisas y a los ingresos públicos. También aportaron a la reducción de la pobreza en las zonas donde trabajan; se trata de empresas socialmente responsables que contribuyen a la transformación ecológica, generan mucho empleo directo e indirecto. Sólo le faltó afirmar que la minería nos permitirá superar el subdesarrollo. No hubo reflexión alguna.

Es indiscutible que la minería es un sector importante para el país. Aportó el 61% de las exportaciones totales en 2017. Desafortunadamente, no lo es en generación de ingresos para el sector público y de empleo. De acuerdo a la SUNAT en 2017 este sector contribuyó con sólo el 8.6% de los tributos recaudados por actividad económica frente a 17.5% en 2011. Sin embargo, la cosa no queda ahí ya que la aportación neta luego de las devoluciones de impuestos fue negativa en 2016 y positiva por sólo S/. 846 millones equivalente al 1% de los tributos recaudados por actividad económica en 2017. Se recaudaron S/. 6,990 millones y se devolvieron impuestos, especialmente IGV, por S/. 6,144 millones. 

De acuerdo al INEI los niveles de contratación de trabajadores de la minería e hidrocarburos se han reducido en el tiempo a pesar de los mayores niveles de producción. En 2016 fueron 180,624 personas mientras que en el pico de 2011 ascendió a 193,986 personas. Estos sectores sólo emplean al 2.1% del total de asalariados del país, mientras que generan el 9% del PBI. Aún en el caso de los trabajadores no asalariados de estos sectores eran 26,181 en 2016 respecto a 55,111 de 2011. Por otra parte, como hemos demostrado en un artículo previo es absolutamente falso que la minería genere empleos indirectos e inducidos con un multiplicador de alrededor de 6.5 veces los empleos directos. Los estándares internacionales son entre 1.5 y 2.5, sin considerar que se trata de actividades intensivas en capital (entre US$ 2 y 2.5 millones para generar un empleo directo en la gran minería) en la fase operativa de los yacimientos. Las empresas mineras deben abandonar la mala práctica de contratar trabajadores para actividades operativas de manera indirecta a través de "services". 

Sería una insensatez desaprovechar los recursos naturales que tenemos. Sin embargo, es imprescindible maximizar los beneficios respecto de los costos que se producen con esta actividad a nivel regional, ya que es posible que el balance sea positivo a nivel nacional y a veces local. Hay que promover mayores beneficios, encadenamientos productivos y transferencias geográficas. Asimismo, es clave revisar la estrategia de inversión porque niveles excesivos de producción impactan negativamente en los precios internacionales reduciendo aún más las aportaciones en impuestos y valor agregado nacional. Finalmente, las empresas deben generar mayor valor compartido y sean en serio socialmente responsables.

Algunas desigualdades económicas 40 años después (apuntes para discusión)

Germán Alarco

PPT presentado en el Diálogo sobre el libro (reedición) "Distribución del Ingreso en el Perú" de Richard Webb y Adolfo Figuerora, Instituto de Estudios Peruanos (13/6/2018)

Resumen: 

Se presentan una serie de ideas claves sobre la importancia y aportes del libro de Webb y Figueroa antes y ahora. Asimismo, se discute la pertinencia y vigencia de estos estudios para el Perú contemporáneo. En el PPT se presenta información preliminar sobre una serie de indicadores sobre la desigualdad de la riqueza, de la distribución factorial y personal del ingreso. En el caso de la riqueza se utiliza información internacional; mientras que en el caso de la distribución factorial es integrada por nosotros y Castillo (2015). La información de la desigualdad en la distribución personal comprende la oficial del INEI, la reajustada por Mendoza et al, Cruz Saco y Seminario, Yamada et al y la ajustada por nosotros con base a ejercicios de simulación de Montecarlo. Se concluye que la economía peruana se sigue caracterizando por una elevada desigualdad. 

Puede descargar el documento completo aquí. 

Empresarios y analistas desubicados

Germán Alarco
(Diario Uno, 15/6/201, p.5)

Llamó la atención algunos de los comentarios formulados por los líderes de los gremios empresariales sobre las tareas que debería realizar el nuevo titular del MEF. Estos en sintonía con los poderes mediáticos pretenden imponer agendas fuera del marco institucional, para la defensa de intereses ideológicos y particulares. Entre estas declaraciones destacó la del presidente de la CONFIEP quien señaló que su principal reto será alinear a todo el gabinete sobre los temas que si han funcionado en el Perú. Otro comentario sui generis estuvo a cargo del editor de la sección economía del decano de la prensa nacional que anotó que el ministro debe alinear públicamente a la PCM y al presidente Vizcarra.

Es extraño que no conozcan del orden constitucional, ni la estructura del Poder Ejecutivo y las funciones del titular del MEF. El inciso 3 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú señala que el presidente de la República tiene como función dirigir la política general del gobierno. Asimismo, el inciso 2 del artículo 123 anota que corresponde al presidente del Consejo de Ministros coordinar las funciones de los demás ministros. El primer inciso del mismo artículo señala que a este le corresponde ser el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ratifica las funciones mencionadas anteriormente. El presidente de la República dirige y aprueba la política general del gobierno (art. 7). El presidente del Consejo de Ministros es responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo (art.17). También propone los objetivos de gobierno en el marco de la política general de gobierno (art. 18). Los ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, coordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las políticas nacionales y sectoriales a su cargo (art. 25). Asimismo, el Decreto Legislativo 183 y sus modificatorias señalan que el MEF está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social.

Es cierto que el MEF es importante, pero lamentablemente su comportamiento ha desbalanceado la estructura del Estado. No sólo se trata que sea un cajero con horizonte de corto plazo, sino que cambie su perspectiva al mediano y largo plazo como brazo ejecutor del CEPLAN al restablecer la importancia del planeamiento estratégico. Otra opción es dividir ese ministerio en dos: El Ministerio de planeamiento, economía y descentralización y por otro lado el Ministerio de Hacienda. También es imprescindible contar con un MEF con perspectiva sistémica y plural; no endogámico donde el único enfoque válido es el neoliberal.

Guerra comercial ad portas

Germán Alarco
Diario UNO, 8/6/2018, p. 10.

EE.UU. acaba de establecer un arancel del 25% al acero y de 10% al aluminio de Canadá, Europa y México. El argumento es la seguridad nacional. Tanto el bloque europeo como los otros dos países anunciaron la decisión de acudir a la Organización Mundial del Comercio para recurrir la medida. El fallo tardaría entre 1.5 y dos años pero en el camino están preparando sus respuestas. México anunció que colocaría restricciones al acero plano, lámparas y varios alimentos de EE.UU. (piernas y paletas de cerdo, embutidos, preparados alimenticios, manzanas, uvas, arándanos y diversos quesos) por un monto equivalente. Es una buena replica porque devolvería el golpe en sectores sensibles.

Es indudable que el comercio internacional puede ser importante para el crecimiento económico. No hay que olvidar que la elevación de aranceles y las prácticas restrictivas al comercio fueron un elemento clave para que se desarrollen Alemania, Japón, Corea del Sur y EE.UU, entre otros. China sigue aplicando estas prácticas a la par de una política industrial sectorial. Sin embargo, las condiciones internacionales han cambiado. Las cadenas de valor se globalizaron a través de la relocalización productiva. Asimismo, un mundo multipolar y más balanceado promueve reacciones inmediatas en el resto. Los efectos positivos sobre la producción y empleo en el corto plazo se neutralizan rápidamente con los aumentos de los precios en los productos.

Tampoco en el comercio internacional todo es maravilloso. Si se analizan los Tratados de Libre Comercio (TLC) de Chile y Perú con EE.UU. el gran beneficiado ha sido los EE.UU. Nuestras balanzas comerciales son amplia y crecientemente deficitarias aunque se han abierto algunas nuevas oportunidades para nuevos productos de exportación. Sin embargo, en realidad exportamos más de lo mismo con bajo contenido tecnológico. A la par de estos TLC se apreciaron las monedas nacionales favoreciendo la importación masiva de bienes de consumo que han afectado la producción nacional de productos agrícolas y manufactureros sustitutos, con sus efectos negativos sobre el empleo.

Aparentemente el mejor TLC es el de México con EE.UU. donde efectivamente la balanza comercial es positiva para los mexicanos. También se ha generado alrededor de dos millones de empleos y el contenido tecnológico de las exportaciones es más avanzado: autos y autopartes, productos electrónicos y eléctricos, entre otros. Sin embargo, la industria exportadora es básicamente extranjera con un reducido componente nacional en sus insumos, con pocos encadenamientos internos y también se ha perdido mucho empleo en el agro y manufactura tradicional. Hay enseñanzas, pero las fórmulas para un comercio internacional provechoso para todas las partes es un tema en agenda.

MEF desenfocado

Germán Alarco
Diario Uno, 1/6/2018, p. 10.

A pesar que los ajustes a los impuestos selectivos al consumo (ISC) no parecían inadecuados están generando reacciones adversas. No hay que preocuparse mucho, por razones obvias, de las quejas de los gremios empresariales. Sin embargo, los nuevos ISC a los combustibles (especialmente diesel) cuando los precios internacionales del petróleo y derivados están subiendo fue una medida inoportuna que afecta más al interior del país al avivar la especulación. Una medida complementaria inmediata del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sería reducir las devoluciones de tributos con impactos inexistentes sobre los precios, ingresos y la producción. Para 2017 estas devoluciones ascendieron a S/. 16,268 millones equivalentes al 2.3% del PBI.

El crecimiento de estas devoluciones de tributos ha sido vertiginoso. De acuerdo a la Sunat en 2002 eran de S/. 2,593 millones creciendo a una tasa de crecimiento promedio anual del 13% hasta 2017, claramente superior a la inflación y a la expansión del PBI. El mayor incremento se observó en 2016 con una variación de 44% respecto a 2015. Por sectores productivos no hay sorpresas. La minería con S/. 6,144 millones, el comercio con S/. 3,449 millones, la manufactura con S/. 3,406 millones y los servicios con S/. 1,695 millones. El 65% de las devoluciones son por el IGV a las compras internas de bienes y servicios que se exportan y que corresponden a S/. 10,465 millones en 2017. El segundo concepto es la devolución de impuestos a la importación (Drawback) por S/. 836 millones.

Frente a este problema es urgente que el Congreso de la República a solicitud del MEF derogue algunos incisos del artículo 2 del Decreto Legislativo 708 de 1992. Nos referimos principalmente a la deducción de tributos internos, el impuesto a los dividendos (y no a la renta) y las inversiones deducibles de la renta imponible de manera inmediata. Las condiciones del país no son las de 1992. La devolución del IGV por operaciones internas es cuestionable y más cuando se trata del sector minero. En otras economías cada impuesto es un compartimento estanco: no se puede deducir el IGV pagado del impuesto a la renta.

El colega Manco Zaconetti señala que algunas empresas mineras están desarrollando malas prácticas para deducir el IGV. Entre estas destacan las operaciones entre empresas vinculadas o de fachada, la venta interna para posteriores exportaciones inmediatas, entre otras. La Sunat debe despertar. Otra ruta complementaria sería la de restablecer el régimen de las regalías mineras con base al valor de la producción bruta y no a los ingresos operativos netos como se hizo a finales de 2011. Hay que revisar los impuestos a los juegos de casinos y tragamonedas, a los activos, prediales y aportaciones sectoriales de tributos y PBI.

Argumentación económica neoclásica

Germán Alarco
Diario Uno, 25/5/2018, p.10.

Todos los sábados no dejan de sorprendernos los comentarios económicos de un abogado experto en desregulación publicados en el decano de la prensa nacional. Hace un par de semanas se refirió a los ajustes recientes en los impuestos selectivos al consumo (ISC) y el sábado pasado escribió sobre el proteccionismo. La conclusión es que desconoce de historia económica, macroeconomía y circunscribe sus análisis a una perspectiva estrictamente microeconómica e individual, suponiendo que este es racional, tiene información perfecta y que la economía opera en competencia perfecta. Erróneamente extrapola lo micro a la esfera macro. Muchos supuestos neoclásicos que no hace transparentes.

Al analizar los ajustes en los ISC afirmó categóricamente que el Estado tiene el vicio de gastar mucho y mal colocando ejemplos obvios. Afirmó que cuando hay un contrato entre dos partes no puede utilizarse el argumento de una externalidad negativa ya que el comprador acepta el bien tal como es. Nadie podría quejarse que le genere problemas en la salud y costos adicionales al gobierno. Está equivocado, ya que olvida que somos ignorantes en materia nutricional, no necesariamente racionales y que hay asimetrías de información respecto a los fabricantes. Por otra parte, de ninguna forma todo gasto público es inútil como el plantea; ¿acaso un buen gasto corriente y de inversión no pueden mejorar la eficiencia y competitividad del sector privado? Un eficiente control aduanero en una frontera o una buena carretera, por ejemplo.

El artículo del sábado pasado fue para R. Ripley. En 10 párrafos quiso destruir los aportes de Raúl Prebisch de la Cepal; acusó de fallidas todas las estrategias de sustitución de importaciones; calificó de falsa la existencia de intercambios comerciales desiguales (Teoría de la Dependencia); se lanzó contra la diversificación productiva y recomendó como única salida el libre comercio de acuerdo a las ventajas comparativas (más exportación de materias primas).

La ignorancia es atrevida. De un plumazo soslayó las estrategias de sustitución de importaciones históricas y la creación de ventajas competitivas que explican el estado actual de economías ahora desarrolladas como Alemania, Japón y las experiencias impulsadas desde el Estado como las de Corea del Sur, Taiwan, entre muchas otras. Olvidó que Prebisch propuso una industrialización desde adentro que complementaba mercados internos y externos, y no sólo hacia adentro como equivocadamente se afirma. Asimismo, que las exportaciones de autos, aviones, salmón de las economías de América Latina se originan en esa industrialización promovida desde el Estado en los años 50´s a 70´s. No estaría mal que leyera el artículo de J. Stiglitz "Hagan lo que nosotros hicimos, no lo que decimos" de octubre de 2003 para romper mitos. Por último, ignoró que las exportaciones de materias primas tienen una elasticidad ingreso menor a uno (crecen menos que el PBI mundial) y que el comercio exterior por siglos se impuso a la fuerza y en condiciones desiguales.

Nueva crisis neoliberal

Germán Alarco
Diario Uno (19/4/2018, p.10)

A mediados de la semana pasada fuimos sacudidos por el anuncio del presidente Macri de que la Argentina solicitaría ayuda financiera al FMI. Aquí los poderes mediáticos informan poco sobre el tema y los poderes económicos permanecen silenciosos. La noticia no es trivial. El país que revirtió las políticas “populistas” de los 12 años de los Kirchner está en crisis. Es un triste recordatorio que los modelos neoliberales también colapsan.

No es la primera vez que un modelo neoliberal fracasa y en Argentina es la segunda vez en lo que va del siglo XXI. En diciembre de 2001 la ilusa pretensión de Menem, De la Rúa y su ministro Cavallo de mantener la paridad del peso argentino al dólar americano con inflación y el “corralito” precipitó una crisis generalizada con movilizaciones ciudadanas que acabaron con la renuncia presidencial e inestabilidad hasta 2003. Otra crisis económica neoliberal previa fue la de México en 1994 que se detonó por una paridad cambiaria insostenible, a la par que había inflación y masivos vencimientos de compromisos de deuda de corto plazo que rápidamente se cambiaron a dólares precipitando una severa crisis cambiaria, luego productiva y bancaria. Previamente, a inicios de los ochentas los experimentos neoliberales argentino y chileno explotaron al utilizar el tipo de cambio como ancla inflacionaria al mismo tiempo que liberalizaron los flujos de capitales internacionales.

Ahora esta nueva crisis argentina se inicia por la depreciación acelerada del peso como resultado de la gran demanda y salida de divisas del país. A su vez están por vencer títulos del gobierno por 671,875 millones de pesos que podría convertirse a dólares que reducirían las reservas internacionales apenas superiores, antes de la crisis, a US$ 60,000 millones. La desconfianza y la incertidumbre se retroalimentan debido a que la inflación sigue alta por los ajustes generalizados de precios públicos y privados producto del ajuste cambiario.

Hay errores de manejo de la política económica evidentes al juntar vencimientos de deuda pública de corto plazo, al ajustar de manera continua los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, los excesos del Banco Central con una tasa de referencia de política monetaria del 40% anual que arroja más leña al fuego y en confiar en que esto se corrige solo a través del mercado. Sin embargo, hay dos temas más graves en juego. La historia económica argentina va de un extremo al otro por la presión de agroexportadores, productores para el mercado interno y trabajadores organizados que no acuerdan entre sí. El otro es que las autoridades políticas no predican con el ejemplo, ya que con sus depósitos privados en el exterior agregan más desconfianza a la sociedad. Con el FMI la situación se complejiza.

Mergers and acquisitions in Latin America 1990–2014: Factorial distribution and contractionary impacts

Germán Alarco
Metroeconomica, https://doi.org/10.1111/meca.12208

Abstract

The evolution of mergers and acquisitions (M&A) in Latin America from 1990 to 2014 is analyzed herein. A one‐sector production model without government and external sectors that links prices/costs, income distribution, demand and output is proposed, and the effects of changes in M&A on profit margins, income distribution and gross domestic product (GDP) are evaluated. The model is applied to most regional economies to determine the impact of these transactions on the profit share and level of economic activity. Our analysis does not reject the hypotheses that M&A have distributive effects favorable to profits and that they have contractionary effects on GDP in Latin American countries. 

Puede descargar el documento completo aquí. 

Nuevos ejes estratégicos

Germán Alarco
Diario Uno ( 11/4/2018, p.10 )

La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en pleno se presentaron ante el Congreso. Los objetivos eran plantear el discurso de investidura con la política general del gobierno, las principales medidas que se ejecutarían los próximos tres años y someterlos a la cuestión de confianza de acuerdo al artículo 130 de la Constitución. Los resultados fueron aceptables.

Nos agradó la propuesta de visión de país al 2021. Ser un país más justo y equitativo que crece, compite y mira el futuro con optimismo. Una sociedad donde todos puedan prosperar mirándonos como iguales y donde podamos sentir confianza entre nosotros. Quizás faltó mayor énfasis en que también sea plenamente democrático, sostenible (con buena calidad ambiental), diversificado productivamente, donde se elimine la pobreza extrema y mantenga su naturaleza pluricultural. La pregunta inmediata que surge es si esta visión se podrá alcanzar con las estrategias propuestas.

El objetivo central de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y sobre el particular se plantearon cinco estrategias: 1) Medidas anticorrupción por el bien de todos; 2) Estabilidad institucional para la gobernabilidad; 3) Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, 4) Desarrollo social y bienestar de la población y 5) Descentralización. De partida, estas estrategias se ven bien ya que responden a las urgencias de la coyuntura económica, social y política siendo claves para establecer prioridades. Sin embargo, siempre quedan las preguntas de ¿no se pudo ser más ambicioso con miras al año 2021?, ¿son suficientes? Tampoco hubiera estado mal presentar algunas metas conceptuales más concretas, aunque hay que reconocer que el tiempo para la preparación era corto.

Un tema importante es si simplemente con la generación de oportunidades para todos se puede lograr una sociedad más equitativa. Mi respuesta es negativa ya que las condiciones de partida son diferentes y hay que diseñar políticas más específicas. En el CEPLAN a inicios de 2012 se planteó un eje estratégico relativo a la inclusión efectiva y la reducción de las desigualdades extremas donde se establecieron políticas contra la elevada concentración económica y la promoción activa de la competencia. Otro tema minimizado fue el rol del pacto social que parece ahora circunscribirse a lo político, pero que debe incorporar lo económico y social donde debe quedar claro que todos los agentes económicos importan y no solo los empresarios. Faltó enfatizar los temas ambientales, la imprescindible reforma de la estructura del Poder Ejecutivo orientado a funciones; el sistema de ciencia-tecnología e innovación y la integración andina, amazónica y latinoamericana con inserción soberana al mundo, entre otros.

IED y solución de controversias: situación actual y enseñanzas para el Perú

Germán Alarco y César Castillo

PPT presentado en la Fundación Friedrich Ebert del Perú, 2/5/2018

Resumen:

La IED es útil como parte de la formación bruta de capital a la creación de capacidad productiva y demanda de cualquier economía. Sin embargo, en el Perú nunca ha contribuido a explicar más de 1/3 del crecimiento del PBI desde los años cincuenta a la fecha. Sólo en la década de los años noventa los flujos de la IED menos utilidades reportadas han sido positivos en el Perú; mientras que en la década de los ochenta y entre 2000-2017 fueron negativos. Teóricamente el trato a la IED es similar a la inversión nacional, pero en la práctica es más ventajosa para la primera respecto de la nacional de montos menores y fuera del régimen de concesiones. Solo tiene igualdad de condiciones al amparo de los convenios de estabilidad jurídica. La acumulación de acuerdos internacionales de inversión (AII) va de la mano al crecimiento de los flujos de IED, pero sus factores explicativos en las economías receptoras son muy diversos: tamaño de los mercados internos, nivel de ingresos, facilidades de infraestructura y de servicios, nivel y abundancia de capital humano, proximidades, disponibilidad de materias primas e insumos, entre otros factores. Brasil es un buen ejemplo de cómo con muy pocos AII es el principal receptor de inversión en América Latina. Los tratados bilaterales de inversión (TBI) son el medio mediante el cual se establecen las condiciones y reglas para resolver las controversias en torno a la IED. 

El Perú no ha realizado esfuerzo alguno por modificar el contenido de sus TBI de acuerdo a las directivas establecidas por la UNCTAD. Estas comprenden fijar salvaguardas en pro del interés público, no restringir la formulación de políticas públicas, incorporar criterios de responsabilidad social empresarial, privilegiar la problemática de los Derechos Humanos, crear instancias mediadoras previas al arbitraje, entre otros elementos. Hasta el momento, la resolución de conflictos en el marco del CIADI ha significado compensaciones a cargo del Estado peruano a los demandantes por US$ 43.7 millones, mientras que las partes demandantes han desembolsado US$ 109 millones a favor del Perú; pero el costo administrativo de esos procesos concluidos ha sido de US$ 46 millones, generando que el Estado peruano tenga un saldo neto de sólo US$ 19.4 millones. Otra ha sido la realidad de Argentina y Venezuela que han tenido fallos negativos por US$ 15,000 millones de dólares americanos como resultado de los procesos en el CIADI. Actualmente hay demandas contra el Perú por US$ 510 millones a las que habría que agregar la de Odebrecht a propósito del Gasoducto Sur Peruano que acaba de implicar la contratación de estudios de abogados por parte del Estado peruano por US$ 6.9 millones. Es obvio que la resolución de conflictos mediante el CIADI reduce la soberanía del país en cuestión. También hay problemas de índole legal y operativa en esta instancia. Es imprescindible que se priorice la defensa de los Derechos Humanos por encima de los tratados de comercio e inversión. El país (Estado y ONGs) deben ser un actor importante en ayudar a concretar la iniciativa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la elaboración del instrumento vinculante que obligue a las empresas transnacionales con respecto al desarrollo sostenible y los Derechos Humanos.

Puede ver el documento completo aquí.

Empleo, minería y pobreza

Germán Alarco

(Diario Uno, 4/5/2018, p. 10)

Acaban de publicarse los últimos resultados oficiales del Inei sobre pobreza y desigualdad. Los relativos a la pobreza reflejan un ligero incremento previsible. En el caso de la desigualdad estos son extraños, ya que el Gini se redujo de 0.44 a 0.43. Si se desacelera la economía las brechas entre los diferentes ingresos, sueldos y utilidades aumentan. Ambos resultados comparten en común que no reflejan la realidad. Lo importante hacia adelante es definir cuáles serían las políticas pertinentes. Algunos señalan que más crecimiento económico, otros más políticas focalizadas. Ambas respuestas son incompletas.

Se ha comentado muchas veces que los umbrales de ingreso para definir la pobreza (S/. 338 por persona) y pobreza extrema (S/. 183) no reflejan la realidad de los precios de las zonas urbanas. Quizás son relevantes para las zonas rurales. Por otra parte, el concepto de pobreza monetaria es insuficiente, ya que debería sustituirse por la pobreza multidimensional que comprende indicadores de las condiciones de alimentación (nutrición), vivienda, salud y educación de la población. Utilizando alguna de esta información la pobreza podría hasta duplicarse. En el caso del Gini los resultados omiten toda la información de los estratos de altos ingresos. Ajustando estos con diferentes metodologías el Gini se elevaría entre 0.62 y 0.65.

Erróneamente desde los sectores empresariales se afirma que sólo con más crecimiento económico se resuelve el problema. La inversión privada sólo explica un tercio de este, mientras que la mayor parte es por el consumo privado que no aumentaría si se precarizan las condiciones laborales. Olvidan que la inversión es ahora muy intensiva en capital, elevado componente importado y por tanto reducidos efectos de arrastre (o bajos efectos multiplicadores). Omiten que el cambio estructural y las nuevas tecnologías reducen cada vez más el contenido de mano de obra por unidad de producto. En el otro extremo las políticas focalizadas pueden ser útiles pero a la par sus costos marginales son crecientes, mientras que por ejemplo, las políticas universales en salud podrían ser más eficaces y eficientes.

Hay quienes plantean que promover mayor actividad minera reduce la pobreza. Quizás, pero marginal e indirectamente. En su fase pre operativa se genera empleo local a gran escala pero este prácticamente desaparece cuando se inician las operaciones productivas, ya que el reducido personal no es de la localidad. La gran masa de trabajadores debe regresar a sus actividades primarias (si lo pudiera hacer), mientras que en la zona se elevó el costo de vida. Ni empleo, mayores costos, más desigualdad y en algunos casos hasta deterioro del medio ambiente. La pobreza subiría en lugar de bajar a menos que el canon local pudiera revertir la situación.

Control previo de fusiones y adquisiciones en debate

Germán Alarco e Iván Alonso

Revista Capitales (año 11, N° 117, abril 2018)

Resumen:

Los dos autores presentan argumentos a favor y en contra de la regulación previa de fusiones y adquisiciones. Actualmente en el Perú sólo se lleva a cabo en el caso del sector eléctrico. Se presenta evidencia a nivel internacional; asimismo una discusión sobre los costos y beneficios de establecer dicha regulación. Alarco sugiere implantar las prácticas desarrolladas en Chile y México, socios de la Alianza del Pacífico.

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Irresponsabilidad social empresarial

Germán Alarco
(Diario Uno, 28/4/2018, p.10)

El cargamontón contra el actual Ministro de Trabajo continúa. Tanto los poderes económicos, mediáticos y los analistas afines no aceptan que en su trayectoria profesional se incluyan actividades de fiscalización laboral, defensa de sindicatos y de trabajadores en particular. Llama también la atención la reacción adversa de diversos gremios empresariales que están a favor de la flexibilización laboral y en contra del ajuste de la remuneración mínima vital que a la par pregonan adscribirse a los principios de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). A estos, hay que recordarles que ambas posiciones son difíciles de conciliar.

La norma con relación a la RSE se plasmó en la ISO 26000 cuyo proceso de elaboración se inició en 2001 y terminó en 2010 con la participación de expertos de 90 países y 40 organizaciones internacionales y regionales representativas de todas las partes involucradas. El capítulo sobre prácticas laborales tiene siete secciones: visión general, principios, relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social, diálogo social, salud y seguridad en el trabajo, desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. A continuación algunos de sus contenidos para recordar a los empresarios los compromisos asumidos con la RSE.

En la visión general se señala que el trabajo enriquecedor y productivo es un elemento esencial del desarrollo humano y los niveles de vida mejoran gracias al pleno empleo y el empleo seguro. Su ausencia constituye una causa primordial de problemas sociales (6.4.1.2). En los principios nos recuerda que el trabajo no es una mercancía, por lo que los trabajadores no deberían ser tratados como un factor de producción, ni estar sujetos a las mismas fuerzas del mercado que se aplican a las mercancías. Se reconoce la vulnerabilidad de los trabajadores y la necesidad de proteger sus derechos básicos (6.4.2.1).

La lista de acciones que debería implantar una organización son numerosas. Destacan, por ejemplo, reconocer la importancia del empleo seguro valiéndose de la planificación para evitar empleo casual o el excesivo uso de trabajadores temporales. Evitar obligaciones que impone la ley disfrazando relaciones laborales. No beneficiarse de prácticas laborales injustas, explotadoras o abusivas de los socios, proveedores o subcontratistas, incluidos los trabajadores a domicilio. Pagar salarios que, al menos, fueran adecuados a las necesidades de los trabajadores y sus familias. No obstruir a los trabajadores que busquen formar sus propias organizaciones o unirse a ellas y negociar colectivamente. Abstenerse de alentar a los gobiernos a restringir el ejercicio de los derechos, internacionalmente reconocidos, de libertad de asociación y negociación colectiva, entre muchas otras propuestas.

¿Mercado laboral hiperrígido?

Germán Alarco
(Diario UNO, 20/4/2018, p. 10)

Esta semana el decano de la prensa nacional continuó con su campaña a favor de la desregulación del mercado laboral. Ahora aprovechó una entrevista al nuevo Ministro de Economía y Finanzas para reintroducir el tema. En su portada señaló que este afirmó que el mercado laboral peruano es hiperrígido. Asimismo, comentó cuáles eran sus principales retos: impulso a la inversión pública con recomposición del gasto (menos gasto corriente), que Sunat empiece a recaudar de verdad y la revisión del marco normativo para reducir exoneraciones tributarias.

Efectivamente, el titular del MEF se introdujo en un tema que no le correspondía. Sin embargo, en la entrevista fue cauto al señalar que desean que estas “rigidices” no se incrementen más ya que nos enfrentamos a un marco social y político histórico en el que es complicado hacer mayores esfuerzos. ¿Dónde quedó toda la desregulación laboral realizada por los gobiernos neoliberales a partir de la década de los noventas? Insistió en que el país no debe empeorar su posición en los rankings internacionales sobre la materia, pero omitió señalar que estos se realizan a partir de encuestas de opinión con los empresarios locales y no sobre la base de información objetiva. En realidad son indicadores subjetivos y profecías autocumplidas.

Los mayores niveles de desempleo a propósito de la desaceleración económica y la mayor elasticidad empleo-producto respecto de otras economías (variación porcentual de la contratación respecto del crecimiento del PBI) son reflejo de que el mercado laboral no es siquiera rígido. Además no se debe olvidar que sólo el 36% de los trabajadores asalariados tiene contratos de trabajo indefinidos, mientras que el 64% está sujeto a regímenes temporales y especiales donde la flexibilidad es una característica clave. Por otra parte, todas las estimaciones empresariales sobre los denominados sobrecostos laborales son incorrectas ya que no consideran su monto integrado. En 2016 la participación de los sueldos y salarios (incluyendo cargas sociales) en el PBI peruano fue de 31.5% según el Inei, mientras que el de EE.UU. fue 53.6% del PBI de acuerdo a www.bea.gov.

Me agradó que el nuevo Ministro se refiriera a los efectos multiplicadores de la inversión pública, ya que resucita un término importante ignorado por los economistas neoliberales. También que de la caída de cuatro puntos de la presión tributaria respecto al PBI la mitad fue por la política de reducción de impuestos del gobierno anterior. Sin embargo, su visión sobre cómo promover el crecimiento económico es muy ortodoxa y poco creativa. Dejó como incógnitas cómo serán la nueva política sobre asociaciones público privadas y las modificaciones a la ley sobre la reconstrucción con cambios. ¿Corregirán errores? 

¿Mercado laboral moderno?

Germán Alarco
(Diario UNO, 13/4/2018, p. 10)

El decano de la prensa nacional inició la ofensiva contra el nuevo Ministro de Trabajo. Esta semana dedicó un editorial que comenzaba con un recuento de lo poco que se avanzó en el tema durante el gobierno de PPK. Según ellos, la agenda laboral incluye la flexibilización de las condiciones laborales, el control de los sobrecostos, la reducción de la carga regulatoria y de tramitología de la contratación formal, entre otros. No les gusta que la nueva autoridad laboral haya defendido el rol de la remuneración mínima vital (RMV), de la sindicalización, de su trayectoria como abogado de sindicatos y trabajadores. También afirma que ha expresado posiciones opuestas a un mercado laboral moderno.

Estas críticas están desactualizadas. Si revisan la literatura reciente del Fondo Monetario Internacional se darían cuenta que aún dentro de la economía estándar ha cambiado la visión sobre el rol de la RMV, la sindicalización y la desigualdad. Berg y Ostry (2011) demostraron que una mayor desigualdad se asocia con un crecimiento más bajo y menos sostenible en el largo plazo. Jaumotte y Osorio (2014) y Bakker y Felman (2015) señalaron que la menor sindicalización trae aparejada una mayor desigualdad a favor de los grupos de ingresos más altos. Asimismo, sostienen que la desigualdad aumenta como resultado del debilitamiento de la institucionalidad laboral: disminución de la tasa de sindicalización y la caída del salario mínimo en relación con la mediana del ingreso.

El enfoque del decano y sus amigos se originó hace más de 100 años en la escuela neoclásica. A pesar que fue rebatido por Keynes desde el siglo XX, desafortunadamente muchos economistas lo repiten. Las remuneraciones no son flexibles, y aún lo fueran hacia la baja, las empresas no van a contratar a más trabajadores si la demanda y expectativas no son positivas. Omiten que la caída del salario real reduce la demanda y que el desempleo es mayoritariamente involuntario. También que en una economía de bajos ingresos la oferta de trabajo aumenta en lugar de reducirse cuando bajan los ingresos reales. Tampoco las remuneraciones reales se explican por la productividad marginal del trabajo, sino por la dotación de capital por trabajador (incluyendo la tecnología) y factores socio-políticos e institucionales.

El mercado de trabajo neoclásico se construyó para demostrar que toda intervención del Estado es negativa. Se concluye lo que se quiere establecer previamente. Una RMV generaría desempleo y un subsidio al desempleo reduciría la flexibilidad del mercado de trabajo. Se olvidan también de los salarios de eficiencia (Shapiro y Stiglitz, 1984) por encima del nivel de equilibrio para reducir la rotación laboral, aumentar la productividad, eficiencia y competitividad de una firma. 

TLC UE, Perú, Ecuador y Colombia, ¿Dónde estamos y hacia adonde vamos?

Germán Alarco
César Castillo

Resumen: 

Se realiza un análisis del comercio internacional a nivel global y por grupos de productos respecto del PBI mundial. Asimismo, se evalúa la relación de los tratados de libre comercio y los volúmenes de comercio internacional. El segundo objetivo consiste en medir la importancia del comercio internacional del Perú respecto de cada uno de los principales bloques comerciales, determinando si la relación es superavitaria o deficitaria y cuál es su tendencia. En tercer lugar, se pretende medir la penetración de las exportaciones peruanas en los diferentes bloques comerciales, destacando el caso de la Unión Europea. En cuarto lugar, se analiza al detalle el comercio exterior con la Unión Europea considerando el sistema de clasificación armonizada, por uso o destino económico (Cuode) y por nivel tecnológico. Asimismo, se analiza la competitividad de los principales productos de exportación. En quinto lugar, se determina el producto potencial a partir del comercio exterior y por último se establecen algunas recomendaciones de política económica para mejorar la contribución del comercio exterior al PBI.

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Economía Venezolana: ¿factores estructurales y coyunturales?

Germán Alarco
Revista Ideele 278, 2018

Resumen:

Se analiza el desempeño actual y proyecciones para la economía venezolana. Se anotan como factores explicativos estructurales la maldición de los recursos naturales y la enfermedad holandesa. Los factores coyunturales aluden al inadecuado manejo de la economía. Se plantean una serie de interrogantes en torno a la salida de esta grave crisis. Se comenta que está será compleja, razón por la cual los venezolanos deben ser muy creativos. Los programas de ajuste y estabilización estándar no son suficientes.

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