(Diario Uno, 7/8/2015, p. 10)
De manera silenciosa el gobierno ha iniciado el proceso para deshacerse de un activo relevante para todos los peruanos. Nos referimos a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). El responsable de este desatino es la Junta General de Accionistas, o mejor dicho el MEF, al aprobar un nuevo Estatuto Social con fecha 8 de agosto de 2014. Debemos recordar que esta institución financiera de fomento fue creada en 1971 con el propósito de impulsar la inversión productiva y el desarrollo nacional, de la misma manera que otras celebres instituciones latinoamericanas como Corfo de Chile y Nafin de México varias décadas antes.
Hay varias bombas de tiempo. La primera mencionada al final del artículo 8 donde se señala que las acciones pertenecientes al Estado peruano son libremente negociables y podrán ser listadas en la Bolsa de Valores y/o cualquier registro necesario para ser negociadas en rueda de Bolsa, previo acuerdo aprobado exclusivamente por el Directorio de la Sociedad. De esta forma, la decisión ya está en manos de funcionarios de segundo nivel del MEF. Por otra parte, el Estatuto legitima que el manejo de la empresa se puede realizar de acuerdo a los caprichos del titular del MEF, no sólo del gobierno, ya que en su artículo 23 se señala que los Directores pueden ser removidos en cualquier momento ya que esto se hace de acuerdo a la establecido en la Ley General de Sociedades. ¿Dónde quedó la independencia de los Directores?, ¿acaso no se vulnera el buen gobierno corporativo de la empresa?
Los números de la institución parecen mejorar en los últimos años. Sin embargo, esto es sólo aparencial, ya que si expresan los activos totales de Cofide como porcentaje de la liquidez total del sistema financiero las conclusiones son diferentes. En el año 2000 fue el 8.4%, 2.9% en 2006, 2.1% en 2011 y 2.7% en 2014. En la misión hay un contrabando inaceptable relativo a que la institución participa activamente en el financiamiento del sistema financiero. No hay Plan estratégico, ni metas operativas de mediano y corto plazo transparentes. También algunos de sus programas son irrelevantes y no hay historia financiera anterior a 2008.
La jibarización de esta institución, que podría ser clave para el desarrollo nacional, comenzó en 1992 cuando se le convirtió en banco de segundo piso. Lejos están los tiempos en que emitían bonos que podían ser adquiridos por las clases medias del país directamente o a través de la Bolsa de Valores de Lima, sirviendo como un piso mínimo para las tasas de interés pasivas de todo el sistema financiero. La tarea del financiamiento al desarrollo es demasiado importante para que se quede en manos del MEF. Asimismo, hay que proporcionarle perspectiva de largo plazo y un buen gobierno corporativo.
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