(Diario Uno, 22/9/2017, p.9)
Las primeras declaraciones de la Presidenta del Consejo de Ministros se refirieron a que no habrá modificación en las políticas públicas que marcó PPK. Efectivamente, se tenía que dar una señal de estabilidad a partir de la vorágine de acontecimientos que se desató luego de la correcta decisión de plantear la cuestión de confianza en el Congreso de la República. Sin embargo, antes de esta crisis política no todos los problemas se explicaban por el obstruccionismo del parlamento; tampoco era suficiente cambiar unos cuantos ministros por otros. ¿Tenemos claro la agenda del gobierno?, ¿cuáles son sus prioridades?, ¿se atiende los problemas clave de los ciudadanos?, ¿es una agenda completa y efectiva?
Toda evaluación requiere de un referente que integre las variables a considerar. Esta mirada desde lo óptimo refleja teoría y enfoques particulares. No se hace desde el vacío ni puede estar libre de juicios de valor. Por ejemplo, revisar la agenda gubernamental actual desde la visión de Acemoglu y Robinson (2012) obligaría a interrogarnos si el país cuenta o no con instituciones económicas y políticas inclusivas. ¿Se reparte equitativamente el poder o sólo satisface las exigencias de los sectores empresariales? En el campo de lo estrictamente económico: ¿posibilita y fomenta el desarrollo de la gran mayoría de las personas?, ¿permite la entrada de nuevas empresas?, ¿la regulación impide el fraude y las malas prácticas?, ¿los servicios públicos e infraestructura generan igualdad de condiciones entre las personas?, entre otras preguntas. Si las respuestas son negativas, según estos autores, el país seguirá en el grupo de los fracasados.
El gobierno sigue ignorando el planeamiento estratégico. Se olvida de la imperiosa necesidad de construir un nuevo consenso económico social (nuevo contrato social) donde, entre otros, los asalariados importen. No hay espacio para una agenda antilaboral e ideológicamente privatizadora. ¿Cuáles deben ser los cambios institucionales clave en el Poder Ejecutivo para mejorar su eficacia y eficiencia, sin minimizar el rol del Estado y afectar a los trabajadores públicos?, ¿en qué quedamos con relación a la diversificación productiva y el fortalecimiento de la ciencia y tecnología? Es imprescindible procurar una economía más competitiva con la regulación de fusiones ex ante y hacer frente a las desigualdades extremas. ¿Cómo promover una mayor eficiencia del sistema financiero a pesar estar en el grupo con el spread bancario más alto de la región?
Hay que implantar una política monetaria anticíclica en serio y fortalecer la capacidad redistributiva de las finanzas públicas aumentando impuestos directos y reduciendo exoneraciones tributarias. El gobierno tiene muchos pendientes y normas por corregir, ya que el interés público sigue vulnerado. Dos áreas de atención inmediata son la regulación sobre las asociaciones público privadas y la mejora de la calidad regulatoria. En el primer tema no existe el comparador público privado y en el segundo sólo se evalúan los costos de la regulación y se ignoran sus beneficios. En ambos casos se mantiene la puerta abierta a decisiones con poco sustento técnico y a la corrupción.
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