(Diario UNO, 8/9/2017, p. 9)
El empleo informal, de acuerdo a la última información proporcionada por Julio Gamero de la OIT, ocupa a 11.7 millones de personas, mientas que el formal incluye a 4.5 millones de trabajadores (2016). Es un problema serio que generalmente involucra menores ingresos, prestaciones y condiciones de trabajo por debajo de las formalmente establecidas. La reciente tragedia de Las Malvinas fue su expresión más cruel. Frente a esta realidad hay dos interpretaciones: estructural y neoclásica-neoliberal, esta última repetida por los poderes económicos y mediáticos del país. Obviamente sus recomendaciones de política son diferentes.
La interpretación estructuralista plantea que la economía es heterogénea y que el sector moderno no tiene la capacidad de absorber la fuerza laboral que continuamente ingresa al mercado de trabajo. Se produce una sobreoferta de trabajadores que no tiene más opción que la informalidad. El aumento de la intensidad de capital y la automatización del sector moderno agrava la situación. Para los neoliberales, el problema se genera por los altos niveles de sueldos, prestaciones, condiciones de trabajo y marco regulatorio excesivo que promueve que la empresas y personas actúen fuera de la Ley. Nos repiten hasta el cansancio que los sobrecostos laborales y la sobrerregulación hay que reducirlos o eliminarlos, aunque la evidencia empírica no los avale (Ver Doing Business del Banco Mundial y la menor participación de los sueldos y salarios en el PBI del Perú respecto de la mayoría de economías de la región).
Es inaceptable que empresas con más de 100 trabajadores, la mayor parte formales, tengan 332,014 empleos informales. Asimismo, que empresas con entre 11 y 100 trabajadores dispongan de 785,340 trabajadores informales. A estas unidades productivas no cabe más que aplicar el peso de la ley (garrote). Sin embargo, nos quedan los microempresarios (con menos de 10 trabajadores) que ocupan alrededor de tres millones de trabajadores y a los trabajadores independientes, generalmente con trabajadores familiares no remunerados, que involucran a poco más de 6.8 millones de personas. Para estos dos grupos hay que aplicar incentivos (zanahoria) que los atraiga a la formalidad. La herramienta tributaria es insuficiente.
Se debe integrar un conjunto de prestaciones a la par del RUC, la licencia municipal y el registro laboral, con un costo periódico razonable. Hay que establecer una ventanilla única para la formalización. La lista inicial podría comprender la inscripción del titular, dependientes y trabajadores al Sistema Integral de Salud o al Seguro Social, al Sistema Nacional de Pensiones, acceso a programas de capacitación y asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y de la Producción, hasta una tarjeta de crédito del Banco de la Nación, entre otros. Obviamente, habría que mejorar la prestación de estos servicios para que sean efectivos y no teóricos. Solo así los beneficios de formalizarse podrían ser superiores a sus costos.
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