(Diario Uno, 24/11/2017, p. 10)
Hace un par de semanas llamó la atención el cinismo de un directivo de la mayor consultora del país. Este señaló que una ley para regular las fusiones y adquisiciones (F&A) antes de que se produzcan es inútil debido a que la mayor parte de las actividades económicas ya están concentradas en pocas manos. La titular del MEF comentó recientemente en el Congreso que la inversión privada se va a sentir afectada por este tipo de norma; asimismo, manifestó que le preocupa darle una bazuca a una institución que no está en capacidad de aplicarla (Indecopi). Actualmente, esta regulación sólo se utiliza para el sector eléctrico. Siguen en el falso dilema neoclásico de que mejorar la equidad afecta la eficiencia económica.
La primera pregunta que habría que formular a la ministra es que mencione cuáles son las economías en el mundo donde no se aplica la regulación ex ante de F&A. En América Latina es norma general a excepción de Haití y Perú. Asimismo, en los informes de la OCDE de 2004 y 2015 sobre nuestro país se insta a que apliquemos este instrumento. En setiembre de 2016 Chile endureció sus reglas sobre el tema.
La regulación ex ante de F&A sobre umbrales específicos no es un asunto esotérico, ya que las metodologías de evaluación existen y están probadas. El Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission de EE.UU. tienen mucho para enseñarnos. Entre 1991 y 2016 el valor de las operaciones de F&A en el Perú ascendió a US$ 80,949.5 millones equivalentes al 40% del PBI incluyendo la mayoría de las actividades económicas. La lista de afectaciones posibles de las F&A es amplia. No solo pueden aumentar los precios de los bienes y servicios, sino que podrían reducir la oferta de bienes en general (especialmente los de menores precios) y afectar negativamente su calidad (Kwoka, 2015 y 2016). No hay que olvidar que los principales objetivos de las F&A son elevar el valor de mercado de la empresa y aumentar su penetración en el mismo.
Existen estudios que demuestran que las F&A han reducido los gastos en investigación y desarrollo, en lugar de aumentarlos. Asimismo, se eliminan proveedores y se reducen los espacios para las micro y pequeñas empresas. Se puede afectar la capacidad de elección de las personas y frenar la competencia. Tienden a elevar los márgenes de ganancia y a nivel macroeconómico a aumentar la participación de las ganancias en el producto, acrecentando la desigualdad respecto de la cuota de los sueldos y salarios. De ahí, la elevada desigualdad puede tener efectos negativos afectando la cohesión social e incrementando la violencia; desacelerando la demanda al reducir la propensión a consumir promedio o promoviendo la formación de burbujas y dañando la democracia al imponer los deseos de pocos sobre muchos.
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