(Diario Uno, 1/4/2016, p. 9)
Las noticias sobre Petroperú son desafortunadamente negativas. La política del gobierno actual para destruirla poco a poco se está cumpliendo rigurosamente. El objetivo de que al momento de la transición al nuevo gobierno se encuentre en una situación extremadamente compleja es clara. La lista de problemas crece. En primer lugar, continua sin definirse el financiamiento principal del proyecto de modernización de la Refinería de Talara y tampoco se ha iniciado acción alguna para promover la inversión privada complementaria. Es probable que ya se hayan agotado los primeros US$ 500 millones y lo único que se tiene son garantías y créditos de corto plazo para una inversión pública de US$ 2,750 millones. Por otra parte, le acaban de expropiar 8 hectáreas en el puerto del Callao que eran esenciales para sus operaciones con GLP. Las quejas ante esto han surgido del sector privado. A estos serios problemas se suma la situación del Oleoducto Norperuano (ONP) que no tiene para cuando resolverse.
El ONP transporta crudo de la selva a la costa con un tramo principal II de 548 kilómetros con ducto de 36 pulgadas de diámetro, el tramo I que se interna hasta San José de Saramuro de 306 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro y el Ramal Norte hasta Andoas con 252 kilómetros y 16 pulgadas. Su capacidad es variable pero en promedio antes de los derrames se encontraba ocupado al 10% de su capacidad instalada movilizando producto de las empresas petroleras privadas y que no utiliza en sus instalaciones. Este activo, según los estados financieros, tiene un valor de S/. 871 millones pero sólo generó una ganancia neta de S/. 2.8 millones en 2014. Aún en buenos años es un mal negocio para Petroperú.
A lo anterior se suma la mala noticia de que el ONP estaría paralizado por mantenimiento y reparaciones hasta al menos el 15 de junio de este año, aunque esta fecha pudiera prolongarse. A la par ya se han suspendido todas las actividades extractivas de crudo en la Selva Norte generando que las empresas privadas y el país dejen de facturar alrededor de US$ 18 millones mensuales. Por otra parte, todos los gastos por mantenimiento y reparación del ONP corren a cargo de Petroperú en momento en que esta tiene elevadas presiones financieras.
El ONP debe reactivarse a la brevedad posible. Caben dos opciones en términos de lo financiero. Utilizar el artículo 18 del Estatuto Social de la empresa para que el financiamiento de las reparaciones mayores corresponda al Tesoro Público. La otra es que el ONP se desincorpore de la petrolera estatal y se maneje como un activo independiente propiedad del Estado. No hacerlo es tener un subsidio cruzado a favor de las empresas petroleras privadas. Hay que salvar la empresa petrolera de todos los peruanos.
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