Juan Mendoza
19 de marzo de 2014
Durante décadas nuestro Estado ha buscado eliminar el consumo y la adicción
a la marihuana a través de la penalización de su cultivo y comercialización.Sin
embargo, de acuerdo a datos de CEDRO, la prevalencia del consumo de marihuana
se ha estabilizado en alrededor de 6% de la población desde los años noventa. Más
aun,alrededor de 30% de las personas reportan que la marihuana se encuentra
disponible. Está claro entonces que la estrategia punitiva ha fracasado en
reducir la prevalencia del uso de la marihuana o su disponibilidad entre la
población.
Por el contrario, la “guerra” contra la marihuana ha tenido diversas
consecuencias negativas. En primer término, esta “guerra” ha utilizado escasos
recursos fiscales sin resultado aparente. Así, por ejemplo, cerca de 25% de la
población penal está inculpada o sentenciada por narcotráfico. En segundo
lugar, la “guerra” ha incentivado la formación de bandas de narcotraficantes
que no han dudado en recurrir a la violencia y al soborno debilitando la
fábrica institucional de la Policía Nacional y del Poder Judicial. Muchos
jóvenes de escasos recursos prefieren convertirse en micro-comercializadores que
estudiar o trabajar.Además, al hacer ilegal la producción y venta, se ha
reducido la calidad del estupefaciente y, probablemente, se han incrementado
sus efectos nocivos sobre los consumidores.
La estrategia punitiva incrementa el precio de la marihuana y, en consecuencia,
los beneficios de aquellos productores ilegales que no son castigados. En la
medida que los pequeños productores y comercializadores enfrentan la mayor
probabilidad de castigo, la política anti-drogas, en la práctica, protege e
incentiva a los narcotraficantes de mayor escala.
Por otro lado, la utilización de marihuana es una decisión individual sobre
la cual el Estado no debería inmiscuirse más de lo que se inmiscuye en el
consumo de drogas legales como el tabaco o el alcohol, que, de acuerdo al National Instituteon Drug Abuse de los
Estados Unidos, causan daños sustancialmente mayores a los consumidores.
Y si hay algo que la experiencia internacional nos enseña es que la
prohibición y penalización no funcionan. La guerra contra las drogas cuesta
cada año 40,000 millones de dólares a los Estados Unidos y ha cobrado la vida
de 50,000 mexicanos tan solo desde el 2006. El único legado palpable de la
prohibición del alcohol durante los años veinte fue el crecimiento de la mafia.
No es de extrañar que Washington y Colorado hayan despenalizado la marihuana, y
que 30 estados norteamericanos estén considerando iniciativas similares.
Es hora de repensar la estrategia de combate contra la marihuana. Se
debería despenalizar el cultivo y venta de la sustancia. El consumo no debería
aumentar de manera apreciable si, al mismo tiempo, se grava la venta con
impuestos similares a los que pagan drogas legales como el tabaco y el alcohol.
La recaudación resultante se podría emplear en programas educativos sobre los
peligros de la adicción a las drogas y en la rehabilitación de los adictos. Sin
ser perfecta, la despenalización sería un golpe efectivo al flagelo del narcotráfico.
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