(Diario Uno, 14/11/2014. p.10)
El Presidente de la República llamó la atención en la reunión de la APEC en China sobre la necesidad de contar con un plan de largo plazo para el país. La noticia es positiva ya que la iniciativa es relevante. Salvo los neoliberales extremos, pocos se opondrían a esta. Sin embargo, contrasta con la falta de aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 que se culminó en noviembre de 2013. Asimismo, cuando se cumplirían casi 3.5 años de inicio del gobierno y alrededor de tres años desde que se presentó formalmente una propuesta para fortalecer y reestructurar al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). Un antecedente que no se debe olvidar es que el Plan Bicentenario elaborado por el gobierno anterior se aprobó en junio de 2011, un mes antes de que este se acabara.
Un plan expresa no sólo la visión y misión del país y sus regiones de manera consensuada, sino que permite establecer los ejes estratégicos, principales proyectos de inversión y prioridades nacionales. Este es la excusa perfecta para integrar una perspectiva de Estado con los énfasis del gobierno de turno. En contraste, llama la atención que en este gobierno se prioricen las peticiones de cofinanciamiento en infraestructura del sector privado como resultado de la falta de planificación. Cualquier proyecto de inversión parte de la identificación de una brecha de demanda insatisfecha, del estudio de las opciones posibles, la selección de la tecnología apropiada, su priorización y de ahí recién corresponde evaluar si esta deberá ser ejecutada como obra pública, iniciativa privada o una asociación pública privada (APP) a través del comparador respectivo.
Por otra parte, es interesante anotar que el vicepresidente de la CONFIEP reconozca ahora que el país está sub endeudado. Para ellos, no habría inconveniente alguno si la deuda pública se eleva al 40% del PBI, el doble de lo actual, para cofinanciar proyectos de APP por US$ 80,000 millones en el mediano plazo. Tenemos coincidencias en el asunto desde tiempo atrás, ya que el actual manejo fiscal nos lleva a perder oportunidades para mejorar la infraestructura nacional. Sin embargo, esta propuesta empresarial es inaceptable en tanto que las prioridades las ponen ellos y no el Estado que debe velar por el interés público.
Las APP son una modalidad de ejecución de la inversión en infraestructura que debe derivar de un protocolo analítico riguroso que maximice el bienestar de los usuarios y ciudadanos. La selección del ejecutor se debe realizar sobre la infraestructura priorizada con la mayor calidad al menor costo posible. En el Perú no cumplimos con el proceso lógico ni hacemos las evaluaciones inter temporales pormenorizadas y transparentes. Es hora de trabajar en serio.
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