(Diario Uno, 7/11/2014, p.10)
El decano de la prensa nacional dedicó el pasado 30 de octubre las dos primeras páginas a los casos de obras de infraestructura concesionada detenidas. Asimismo, este tema se abordó en su sección portafolio, al igual que en su periódico financiero. En principio, el interés simultáneo por el tema no nos hubiera llamado la atención porque el lanzamiento de campañas temáticas es frecuente en ellos. Sin embargo, a partir de la lectura de los mismos quedaba claro que se trata de abogar por el proyecto Vía expresa Javier Prado - Faucett que pretende desarrollar la primera empresa constructora nacional que comparte accionistas comunes con el mencionado grupo mediático. El decano nunca señaló de un posible conflicto de interés por tratarse de empresas relacionadas.
El proyecto Javier Prado tendría 20 kilómetros de los cuales alrededor del 40% sería subterráneo. Esto ocurriría en muchos cruces con vías transversales y en la mayor parte de San Isidro, aunque también habría algunos puentes. Al respecto, nadie duda que mejoraría la infraestructura existente. La modalidad de ejecución sería la de asociación pública privada (APP) autofinanciada ya que no requeriría de subsidio por parte del Estado. Los inversionistas recuperarían la inversión a través de peajes. En 2013 -antes que autorizaran el proyecto- la empresa constructora que a su vez es la titular de la mayoría de concesiones carreteras del país lanzó una oferta de acciones en Nueva York por poco más de US$ 400 millones para financiar este y otros proyectos.
Las observaciones al proyecto no son triviales. Sobre el mismo trazo está planeada la línea 4 del metro para la Ciudad de Lima. Es obvio que no se puede autorizar una obra cuya ejecución sería afectada por otro quizás más importante para la capital. Por otra parte, la tarifa por el uso de esta vía sería alrededor de S/. 18 por vehículo, lo cual es alto. Sin embargo, más allá del monto exacto, es inaceptable que se privatice una vía pública que comunica la ciudad de este a oeste, sin que se cuente con una alternativa libre de pago. En Chile o México cuando se ha procedido con estas iniciativas siempre se tiene una razonable opción gratuita para toda la población.
Este proyecto es sólo la punta del iceberg de todos los problemas que existen con las APP en el Perú. Hay un evidente sesgo a favor de estas y en contra de la ejecución por obra pública. Se autorizan sin estudios de ingeniería detallados y los estudios de peajes son posteriores al contrato (¿?). Cuando son cofinanciadas hay problemas de registro en el MEF. Nadie evalúa externalidades negativas sobre la población, no se aplica el comparador público y privado, se redistribuye y garantiza ganancias a los privados. En fin, un perfecto negocio, quién sabe si para la sociedad.
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