(Diario Uno, 2/10/2015, p.18)
En el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se acaban de publicar cuatro decretos legislativos que amplían y regulan los espacios para el sector privado en la economía. El primero se refiere a la posibilidad de establecer convenios de gestión en restos arqueológicos. El segundo posibilita la participación del sector privado en el financiamiento, diseño, construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura, tratamiento y seguridad penitenciaria. El tercero y cuarto integrarían tanto los marcos regulatorios para las asociaciones públicas privadas como el mecanismo de obras por impuestos.
En el caso de la privatización de restos arqueológicos pareciera que la norma tiene nombre propio ya que se circunscribe a bienes prehispánicos. Esta es general, sin precisar cómo en los convenios se deberá conservar el significado cultural del inmueble, promover el acceso y uso social del mismo. En lo positivo se podría poner en valor algunos restos ahora desaprovechados; sin embargo, bajo ninguna circunstancia se deberían utilizar para propósitos comerciales y menos para limitar el acceso e impedir que toda la sociedad acceda a estos bienes públicos. El Congreso debería, al menos, aclarar que no podrán ser suscritos con empresas u asociaciones con fines de lucro, que se haría de manera excepcional demostrando que el Estado no los puede administrar, estableciendo reglas claras para su uso, conservación y restauración y que bajo ninguna circunstancia se limite el acceso a los ciudadanos.
La norma relativa a la privatización de los penales implica iguales riesgos que la anterior. Es precipitada para un Estado sin capacidad de supervisión y donde la corrupción está a flor de piel. En el mejor de los casos deberían acotarla experimentalmente a la construcción de la infraestructura y su financiamiento, quizás a la administración, pero nunca al tratamiento y la seguridad que son funciones propias del Estado. No se debe olvidar las experiencias negativas en los EE.UU. donde como resultado de la privatización se han elevado dramáticamente los costos por reo y se está criminalizando (para tener abundantes clientes) la migración ilegal.
Es un grave error suponer que el sector privado es más eficiente y honesto que el sector público. El reciente escándalo de la empresa automotriz alemana VW es un buen ejemplo. La privatización de actividades en el Perú no debe profundizarse hasta que se fortalezcan la capacidad regulatoria y de supervisión, se mejoren los procedimientos, se instaure en serio el comparador público privado, se transparente la información, se hagan evaluaciones ex post y se ponderen adecuadamente los elevados riesgos fiscales, el endeudamiento público y los efectos distributivos del esquema en curso.
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