(Diario Uno, 19/3/2016, p.9)
Todos estamos de acuerdo que es imprescindible promover la inversión privada, ya que amplía la capacidad productiva y la demanda por la compra de bienes y servicios locales para realizarla. Sin embargo, estamos en contra del diagnóstico y recomendaciones que plantean los economistas estándar, las empresas consultoras, la mayor parte del sector privado y los partidos políticos tradicionales. Para ellos, los problemas se reducen a la excesiva regulación y tramitología, los elevados costos laborales y la presencia de antimineros que obstaculizan la inversión en ese sector. Con ese diagnóstico, la solución a los problemas parecería simple. Sólo muy pocos reconocen que la sobreoferta de productos mineros y la menor demanda mundial ha suspendido la ejecución de los proyectos extractivos.
Efectivamente, estos diagnósticos tradicionales son apoyados por indicadores numéricos nacionales e internacionales, tales como el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial y otros. Sin embargo, nadie ha explicado que estos resultados, incluidos los del Banco Mundial, derivan de encuestas cualitativas a empresarios y analistas locales, no de información estadística objetiva. Son iguales a una profecía autocumplida.
Estos diagnósticos están desenfocados omitiendo los verdaderos sobrecostos que sufrimos en el Perú. Destacan tres conceptos cuantificables: energético, financieros y logísticos. En el primer caso, el utilizar derivados del petróleo en lugar de gas natural más económico y menos contaminante es equivalente como mínimo a 1.4% del PBI. Las elevadas tasas de interés activas y los márgenes bancarios equivalen a 2.5% del PBI en 2014. Los sobrecostos en las cadenas logísticas de los productos de comercio exterior a 1.6% del PBI (Alarco, 2010). Estos tres sobrecostos suman 5.5% del PBI, poco más de US$ 11,000 millones anuales.
Promover la inversión privada implica crear un entorno macroeconómico diferente al actual con política fiscal y monetaria anticíclica y de ingresos ajustando la remuneración mínima vital. Hay que insistir en la simplificación administrativa pero sin vulnerar los derechos ciudadanos. Todos los sectores productivos son espacios para invertir, pero ahora hay que fijarse en el mercado interno y la diversificación productiva. El Estado debe recuperar su rol orientador y dar señales adecuadas con el tipo de cambio real y las tasas de interés activas. Por último, los empresarios no deben olvidarse que hay que garantizar la libre competencia generando oportunidades para todos los estratos empresariales y que el Perú es de todos, no sólo de ellos, flexibilizando sus expectativas de ganancias.
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