(Diario Uno, 17/2/2017, p.9)
Todos estamos indignados con la corrupción. Esta compromete a los tres últimos gobiernos y si a estos se suma la ocurrida durante el gobierno de Fujimori incluye a todos los regímenes neoliberales de los últimos 25 años. Su principal medio han sido las asociaciones público privadas (APP) con el objetivo de lograr la asignación de los servicios públicos, permitir sobrecostos y acotar beneficios a los usuarios. La corrupción no sólo compromete a las autoridades políticas y a la tecnocracia que los avaló por motivos delictivos, sumisión u omisión; también ocurre por un marco regulatorio laxo que la hizo posible. Ojalá la fiscalía y los tribunales se desempeñen a la altura de las circunstancias y con la celeridad debida. Desafortunadamente, ya hay algunas malas señales.
La mejora del marco regulatorio requiere una reingeniería de Proinversión. El último Decreto Legislativo 1251 tiene problemas. Se parte de una visión privada y hasta se establece un Consejo Directivo con 3 miembros que vienen de ese sector. No se trata que hagan buenos negocios. Los objetivos del sistema deben considerar la creación de encadenamientos productivos, proyectos con mayor procesamiento y contenido tecnológico, entre otros. No queda claro el criterio de asignación por el menor costo, por lo cual resulta esencial incorporar el comparador público privado que evalúa si la inversión se debe hacer como APP o como obra pública. Hay otros temas cuestionables.
Un tema clave es que todo el sistema de inversión pública y de promoción de la inversión privada debe estar bajo el liderazgo del CEPLAN, como en Colombia está en el Departamento Nacional de Planeación. ¿Proinversión o el MEF son capaces de determinar las necesidades del país, de las regiones y de cómo priorizar? Por otra parte, hay que fortalecer las capacidades sectoriales del Estado en términos técnicos y financieros para evitar los serios errores que se cometieron. Hay que crear sistemas de bases de datos con parámetros técnicos y económicos para evitar sobrevaluaciones flagrantes. Establecer la obligatoriedad de que cada proyecto se evalúe en términos comparados con otros previos nacionales e internacionales.
No se debe permitir licitaciones de un solo postor. Concursos con nivel de detalle de ingeniería reducido o sin estudios de factibilidad. Establecer normas más estrictas para las adendas evitando renegociaciones como Chinchero. Hay que especificar el protocolo detallado para el control previo obligatorio a cargo de la Contraloría General de la República en el caso de los grandes proyectos; homogenizar criterios para registrar pasivos en firme y contingentes. Se requieren evaluaciones ex post para extraer lecciones y transparencia absoluta antes, durante y después de la ejecución de los proyectos.
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