Germán Alarco
(Diario Uno, 02/01/2014, p.9)
La promoción e impulso de las asociaciones públicas privadas (APPs) es una pieza central de la estrategia económica del gobierno actual en 2015. Se tienen dos modalidades: autofinanciadas que se realizan con recursos privados y las cofinanciadas que requieren de recursos del Estado para operar. Hay mucha mitología e intereses en juego sobre el tema. Ahora queremos comentar que las APPs pueden afectar negativamente la distribución del ingreso y la equidad.
Las APPs son positivas en la medida en que para su ejecución no se necesita previamente de los recursos de caja disponibles, ya que se tienden a financiar con deuda a largo plazo. También es cierto que podrían aprovechar las mejores prácticas del sector privado. Son útiles para regular la demanda, mejorar las relaciones entre el sector público y privado y hacerle frente a las restricciones auto impuestas de los presupuestos públicos anuales y en la ejecución de la obra pública.
Sin embargo, la lista de problemas posibles es amplia. Se inicia cuando los proyectos surgen de iniciativas privadas y no a partir de una identificación de brechas o necesidades a cargo de la autoridad, cuándo se omite la evaluación entre las diferentes opciones técnicas o tecnológicas posibles, cuando no se aplica en serio un comparador que permita demostrar que esta opción es superior a la inversión pública tradicional. Luego, siguen problemas de insuficiencia de postores por mercados pocos desarrollados, inexperiencia en cuanto a la formulación de los contratos, sobrecostos en la ejecución, sobrestimación de ingresos esperados, problemas de registro de pasivos en firme y contingentes, entre otros. Las posibilidades de colusión, captura regulatoria y corrupción son tan altas como las relativas a la ejecución como obra pública.
Las APPs cofinanciadas reducen la disponibilidad de recursos del gobierno para otros propósitos (gasto corriente y de inversión) ya que como cualquier deuda hay que pagarla en el mediano y largo plazo. No se debe olvidar que en estos pagos se incluyen los intereses correspondientes y la rentabilidad del privado por gestionar y administrar la actividad. Al respecto, se debe demostrar que esta opción sería menos onerosa que desarrollarla como obra pública. Asimismo, tiende a ser más intensiva en capital que en mano de obra, con efectos redistributivos regresivos. Aún en el caso de que se trate de una APP autofinanciada no se debe olvidar que los cobros privados pueden ser más altos que los correspondientes a la opción pública, deteriorando el poder de compra de la población, especialmente la de bajos ingresos. En fin, para que las APPs contribuyan a mejorar la equidad deben cumplirse diversas condiciones que no son evaluadas de manera transparente en el Perú.
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