(Diario Uno, 12/6/2015, p.10)
A finales de la semana pasada se publicó un artículo del Presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) titulado el reto del endeudamiento. Esta asociación representa a los concesionarios y empresas que utilizan el mecanismo de las asociaciones públicas privadas (APP) y de iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) en el Perú. Ellos proponen elevar drásticamente el endeudamiento público a favor de estos proyectos y que se cree un fondo a partir de los superávits públicos. El plan de adjudicaciones de APP e IPC de 5 o 6 años implicaría US$ 80,000 millones para cerrar las brechas de infraestructura.
En positivo, el argumento central de AFIN es que el país está subendeudado con una razón inferior al 20% del PBI, cuando el estándar internacional para una economía emergente según el FMI podría ser entre 25 y 50% del producto. Este es un tema que hemos comentado desde 2012 y que refleja los excesos de una inadecuada política fiscal ortodoxa mientras las brechas de infraestructura y sociales siguen abiertas. Desde 2012 se propuso un plan Marshall a la peruana con un programa de inversiones de US$ 100,000 millones.
Sin embargo, hay un primer problema serio con la propuesta de AFIN. No se habla de inversión en general sino de un plan de proyectos de APP e IPC. Están cambiando el orden de las cosas para atender sus intereses y no los del país. En cualquier lugar primero se determinan las brechas de infraestructura y sociales por atender desde el Estado con un horizonte de largo plazo, luego se identifican los proyectos claves, después se selecciona la tecnología apropiada y recién ahí habría que evaluar cuál es la mejor opción para ejecutarla tanto como obra pública o como APP. AFIN siempre se olvida que existe una metodología llamada Comparador público privado (CPP) que se utiliza en todas partes, excepto en el Perú, para decidir cuál es la mejor opción en beneficio del país. En esta se compara a valor presente el costo de la provisión pública del servicio respecto del costo de la provisión privada ajustadas ambas por sus riesgos específicos.
El sistema de APP e IPC del Perú anda mal ya que prevalecen la ideología e intereses particulares por encima del interés público. Mientras la deuda pública convencional se registra a valor nominal, la de APP se descuenta, no hay criterios comunes y rigurosos para la valuación de los pasivos contingentes. Se aprovecha a las APP para debilitar al Estado (proyectos de agua en Lima). No hay evaluaciones ex ante ni ex post transparentes. Domina la opacidad ya que en Proinversión, los reguladores sectoriales y los ministerios respectivos solo se presenta la información legal de los procesos, nada de lo económico ni de las evaluaciones comparativas respectivas.
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