Contraofensiva concentradora

Germán Alarco

(Diario Uno, 7/10/2016, p.10 )

Tengo un lejano recuerdo cuando a finales de los años sesenta el decano de la prensa nacional debatía con el diario La Prensa. En esas épocas sus banderas eran la industrialización del país, el impulso al mercado interno y la construcción de un estado de bienestar. Ahora este medio convertido en poder económico y mediático ha asumido la posición de su antiguo rival. La reducción del Estado, la desregulación de los mercados y la flexibilización del mercado de trabajo son sus banderas; a las cuales ha sumado su campaña contra la posibilidad de que se regule ex ante todas las fusiones y adquisiciones por encima de un monto predeterminado. No vamos a discutir su falta de equilibrio informativo a través de todos sus medios sino de los argumentos que se esgrimen.

En el decano plantean que en lugar de que se promueva el control de fusiones lo que debe hacerse es eliminar barreras burocráticas. Aquí se olvidan de que la competencia imperfecta, los carteles y los monopolios surgen también a través de los procesos de fusiones y adquisiciones que se perpetúan no sólo a través de barreras legales, sino por la presencia de monopolios naturales y barreras estructurales. Estas últimas ocurridas tanto porque sólo exista la posibilidad de un solo prestador del servicio como por niveles mínimos de inversión para lograr economías a escala que impiden la entrada de otros competidores.

El segundo argumento relativo a que se aumentarían significativamente los costos de Indecopi es también deleznable. Actualmente el área de libre competencia tiene un presupuesto de S/. 7.9 millones anuales e incorporar un área técnica solvente, de acuerdo a nuestros cálculos preliminares, costaría poco más de 4 millones anuales. Efectivamente habría un incremento, pero habría que evaluar lo que se podría evitar por sobreprecios y pérdidas de eficiencia social de contar con dicho procedimiento. Un cálculo grueso es que un sobreprecio del 1% para el 20% de la actividad productiva nacional implicaría US$ 400 millones adicionales anuales de gasto para los consumidores. ¿Se justifica o no?

Afirman que Indecopi es una institución activa en la materia. ¿Dónde están sus grandes éxitos? La realidad es que tenemos un marco regulatorio laxo y deficiente. ¿Dónde están las compensaciones pagadas a los consumidores? Se señala también que se trataría de un trámite más por el que las empresas tendrán que esperar años. Sin embargo, se olvidan a propósito que la práctica internacional para cumplir con el requerimiento de información previa (por ejemplo, en EE.UU.) es que el plazo es de 30 días luego de presentar el expediente completo. En Chile se puede extender hasta 90 días mediante resolución fundada. El debate recién comienza, hay que estar preparados en un ambiente hostil.