Modelo económico y corrupción

Germán Alarco

(Diario Uno, 3/3/2017, p.18)

Los poderes económicos y mediáticos están desesperados en buscar explicaciones a la corrupción que no comprometan al sistema de las asociaciones públicas privadas (APP), al modelo económico y a la tecnocracia. Circulan diversas hipótesis. Nos llamaron la atención las planteadas por el presidente de la mayor empresa de encuestas de opinión del país, la del presidente de la primera empresa de consultoría nacional y del último Viceministro de Economía del gobierno anterior. La lista de mentiras y argumentos falaces es larga.

Según el primero, la megacorrupción fue impulsada por una alianza infame entre los líderes del Foro de Sao Paulo y empresas mercantilistas brasileras que se beneficiaron de la falta de ética de políticos populistas y técnicos de segundo nivel en el Perú. Para los otros, el problema radica en una institucionalidad débil; asimismo, de que los problemas de corrupción son mayores en la inversión pública directa que en la APP y que los problemas en estas últimas son casos puntuales.

De partida, Farid Kahhat recordó que los proyectos IIRSA se plantearon durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, a los que se unió Fujimori en agosto del 2000, dos años y medio antes de que Lula llegara al gobierno. En segundo lugar, habría que preguntarnos de que gobiernos populistas se habla: ¿García II, Toledo y Humala? Si esto es cierto habría que buscar una nueva definición del término. Por último, ¿acaso los Ministros que firmaron los contratos y las adendas de los proyectos aludidos fueron funcionarios de segundo nivel? Hay diversos argumentos falaces. Falacia de distracción cuando se cambia el tema a la corrupción de los años ochenta (que nadie niega). Tampoco hay que olvidar sus mayores niveles en los noventa. Tenemos una falacia por autoridad cuando se repite que el actual sistema de APP incorpora las mejores prácticas de la OCDE, ¿cuáles en concreto? También falacias estadísticas cuando se dice que la corrupción por obra pública es mayor a la de APP. Sólo como ejemplo, el tramo 1 del Metro de Lima costó US$ 519 millones y US$ 885 millones el tramo 2, pero las carreteras IIRSA costarían US$ 4,662 millones sumando pagos realizados y deuda pendiente.

La corrupción es un fenómeno histórico en el Perú, siendo muy pocos los gobiernos donde esta no existe o es poco significativa. Efectivamente, la institucionalidad es débil. No hay que olvidar que durante García II y Humala se debilitó más a los reguladores sectoriales. También es innegable que la cultura del capitalismo neoliberal es un caldo de cultivo más propicio para la corrupción. No puede exonerarse a los tecnócratas que participaron por corrupción, sumisión u omisión, ni dejar de reconocer que se debe hacer una reingeniería del marco regulatorio de las APP.