Diario Uno, 29/6/2018, p.10
La extensión de las condiciones laborales especiales para los trabajadores del sector agropecuario es un tema bajo discusión. De un lado están los agroexportadores, el BCRP y el MEF a favor de ampliarlas indefinidamente y del otro las organizaciones sindicales y el propio Ministerio de Trabajo quienes plantean la cancelación o ajustes a este régimen. De partida, se debe señalar que no sólo se trata de un régimen laboral que recorta vacaciones de 30 a 15 días, integra todos los pagos a un jornal diario y reduce la indemnización por despido, sino que incluye otras prerrogativas como una tasa de impuesto a la renta de 15%, menores pagos a Essalud del 9% al 4%, recuperación anticipada de IGV y un régimen de depreciación acelerada para ciertos activos.
Hay poca información oficial sobre el tema. Sin embargo, existen varias evidencias sobre la mesa. Este régimen está acompañado de una notable expansión de las exportaciones no tradicionales, lo cual no significa necesariamente que sea su factor explicativo. El régimen especial estableció desde su origen una vigencia de 20 años que constituye un plazo más que razonable para promover cualquier actividad económica. Es indudable que ha contribuido a la formalización de los trabajadores del sector agrícola pero habría que evaluar lo ocurrido con sus condiciones de vida. Los beneficios se han concentrado en 15 empresas que generan el 50% de los empleos. También hay que colocar en la balanza el costo fiscal en términos de menores ingresos para el fisco y Essalud. Tampoco hay que olvidar que su principal promotor como Ministro de Agricultura en el año 2000 es uno de sus grandes beneficiados.
El tema laboral en el sector agropecuario tiene sorpresas. Según el INEI entre 2007 y 2016 el empleo asalariado en el sector se ha reducido, en lugar de aumentar. De 995,293 trabajadores en 2007 a 974,536 en 2016 con un pico en 2012. También ocurren cosas curiosas en cuanto a los ingresos promedio. Los campesinos independientes perceptores de ingresos mixtos recibieron en 2016 un ingreso anual de S/.10,873 anuales, mientras que los asalariados del mismo sector sólo S/. 6,522. Entre 2007 y 2016 los ingresos reales del campesinado crecieron 7.3% anual, mientras que el de los asalariados lo hizo solo al 3.4% anual.
Hay que analizar los estados financieros de las empresas beneficiadas para determinar si hay ganancias extraordinarias o extranormales. Aún si no fuera el caso, el fisco y los trabajadores no deben asumir los costos por abaratar mayores exportaciones. Hay que estudiar otras modalidades de apoyo, como a la innovación tecnológica, formación de clusters y a la mejora de las cadenas logísticas de los productores que lo requieran. Por otra parte, este régimen no es extrapolable a otra actividad económica ya que no sólo afectaría los ingresos públicos, sino a la masa salarial que impactaría negativamente en la demanda interna y producción local.
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