Germán Alarco
(Diario Uno, 9/1/2015, p.10)
El secuestro, asesinato, cremación, destrucción y desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero está colocando en jaque a todo el orden institucional mexicano. Los sucesos de finales de septiembre del 2004 no son hechos aislados. Desde 2006 la guerra contra el narco y el crimen organizado ha generado oficialmente 100,000 muertos y entre 23,000 y 27,000 desaparecidos. Es la punta del iceberg de una dramática realidad. En la medida en que prosigue la búsqueda de los estudiantes se encuentran numerosos restos y fosas comunes. Hace unos días las autoridades han señalado que se van a concentrar más en la identificación de los restos y cuerpos hallados.
La colusión entre autoridades locales, regionales y nacionales con el narco y el crimen organizado no es un problema exclusivamente mexicano. Esta funesta combinación también está presente en el Perú, agregando como otro actor relevante a la minería ilegal. La versión oficial de los hechos es que los responsables de este crimen fueron el presidente municipal (y su esposa) de Iguala (Guerrero) y el grupo delictivo Guerreros Unidos. La particularidad en este caso es que las autoridades municipales y estatales eran del PRD, la izquierda tradicional mexicana. Sin embargo, la otra versión es que también participaron en el crimen y desaparición de los estudiantes por acción u omisión fuerzas estatales y federales, está última a cargo del PRI, partido responsable del gobierno nacional.
Ante estos sucesos el gobierno federal ha propuesto un conjunto de modificaciones legales y acciones contra el crimen organizado, la corrupción y el fortalecimiento de los derechos humanos. La discusión sobre las mismas recién se inicia. Hay algunos elementos interesantes, pero son insuficientes dada la magnitud de los problemas. Sin embargo, segmentos importantes de la sociedad desconfían de las discusiones y las reformas que puedan realizarse desde el Congreso y el Ejecutivo ya que en este orden de corrupción, política y crimen organizado se dice que todos han participado: PRI, PAN (derecha) y el PRD.
La alternativa que está ganando presencia tiene como autor a Raúl Vera, Obispo de Saltillo, quien plantea una nueva constituyente alternativa desde la Sociedad. Esta propuesta coincide con la del poeta Javier Sicilia. Dice el obispo que “hay que remediar al país, no remendarlo”. La lista de temas que se deberá comenzar a precisar a partir del próximo 5 de febrero comprende, entre otros, la refundación política a favor del interés público, libertad de expresión, fortalecer la participación ciudadana (referéndum, consulta popular y revocación del mandato) y sobre un modelo económico donde todos sean incluidos en especial los más vulnerables.
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