Diario Uno ( 11/4/2018, p.10 )
La semana pasada el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en pleno se presentaron ante el Congreso. Los objetivos eran plantear el discurso de investidura con la política general del gobierno, las principales medidas que se ejecutarían los próximos tres años y someterlos a la cuestión de confianza de acuerdo al artículo 130 de la Constitución. Los resultados fueron aceptables.
Nos agradó la propuesta de visión de país al 2021. Ser un país más justo y equitativo que crece, compite y mira el futuro con optimismo. Una sociedad donde todos puedan prosperar mirándonos como iguales y donde podamos sentir confianza entre nosotros. Quizás faltó mayor énfasis en que también sea plenamente democrático, sostenible (con buena calidad ambiental), diversificado productivamente, donde se elimine la pobreza extrema y mantenga su naturaleza pluricultural. La pregunta inmediata que surge es si esta visión se podrá alcanzar con las estrategias propuestas.
El objetivo central de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y sobre el particular se plantearon cinco estrategias: 1) Medidas anticorrupción por el bien de todos; 2) Estabilidad institucional para la gobernabilidad; 3) Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, 4) Desarrollo social y bienestar de la población y 5) Descentralización. De partida, estas estrategias se ven bien ya que responden a las urgencias de la coyuntura económica, social y política siendo claves para establecer prioridades. Sin embargo, siempre quedan las preguntas de ¿no se pudo ser más ambicioso con miras al año 2021?, ¿son suficientes? Tampoco hubiera estado mal presentar algunas metas conceptuales más concretas, aunque hay que reconocer que el tiempo para la preparación era corto.
Un tema importante es si simplemente con la generación de oportunidades para todos se puede lograr una sociedad más equitativa. Mi respuesta es negativa ya que las condiciones de partida son diferentes y hay que diseñar políticas más específicas. En el CEPLAN a inicios de 2012 se planteó un eje estratégico relativo a la inclusión efectiva y la reducción de las desigualdades extremas donde se establecieron políticas contra la elevada concentración económica y la promoción activa de la competencia. Otro tema minimizado fue el rol del pacto social que parece ahora circunscribirse a lo político, pero que debe incorporar lo económico y social donde debe quedar claro que todos los agentes económicos importan y no solo los empresarios. Faltó enfatizar los temas ambientales, la imprescindible reforma de la estructura del Poder Ejecutivo orientado a funciones; el sistema de ciencia-tecnología e innovación y la integración andina, amazónica y latinoamericana con inserción soberana al mundo, entre otros.
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