Consenso de Lima

Germán Alarco
(Diario UNO, 3/1/2018, p. 9)

Se refiere tanto al diagnóstico general como a las propuestas de política económica básicas de los grupos de poder económico y mediáticos, y un segmento de la sociedad peruana. Fue identificado por el politólogo norteamericano Steven Levitsky (Diario La República, 12/5/2013) como contrapartida al Consenso de Washington (Williamson, 1989) que sirvió de base para las reformas estructurales neoliberales en América Latina y otras partes del mundo. Este autor no precisó su contenido detallado; simplemente señaló que es más ortodoxo y radical que el de Washington y de lo que plantean los grupos dominantes en la mayoría de las otras economías latinoamericanas. En pocas palabras, los grupos dominantes aquí son coloquialmente más papistas que el Papa.

A la distancia hay que reconocer que en las diez prescripciones del Consenso de Washington había mucha ideología, algunos elementos que debían ser abordados con extremo cuidado y también otros que ahora serían aceptados por muchos. La privatización per se de empresas públicas, la liberalización del comercio y la liberalización de las barreras a la inversión extranjera exigían un trabajo con pinzas que no se dio en la mayoría de las economías y menos en el Perú. En cambio, el establecimiento de tipos de cambio competitivos, disciplina en la política fiscal, redirección del gasto público hacia temas clave, reforma tributaria ampliando base con tipos impositivos razonables, tasas de interés reales positivas moderadas y seguridad jurídica para los derechos de propiedad serían prácticamente aceptados por todos.

Ahora en el Perú domina en el diagnóstico la falsa idea de una presencia excesiva del Estado ignorando que nuestra presión tributaria y de gasto público está claramente por debajo del promedio latinoamericano y de nuestros vecinos. La tramitología, los sobrecostos laborales y la conflictividad socio ambiental son para los grupos de poder las causas de todos nuestros males, pero sin evidencia empírica seria que los avale. Mientras que en Chile se acepta como empresas públicas a Codelco y Enaps, en Colombia a Ecopetrol y en Brasil a Petrobras, aquí no quieren empresa pública alguna.

Rechazan la diversificación productiva y en particular todas las políticas que la hagan posible. Siguen pensando en la minería y en los sectores extractivos como el único motor del crecimiento económico. Cualquier regulación es inaceptable incluyendo las normas antidumping. La extrema desigualdad es para ellos un tema irrelevante. No reconocen que la intervención de particulares puede generar externalidades negativas. Sólo la inversión privada salvará al Perú. A diferencia de la mayor parte del mundo, cualquier regulación ex ante a las fusiones y adquisiciones es negativa. La lista de temas es larga.